El caso Coto San José impide la entrega de decenas de viviendas

  • Tres urbanizaciones, que tardarán varios meses en poder ser habitadas, carecen de luz · La línea aérea de electricidad ha sido instalada, sin autorización, en la parcela embargada por Cortega

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Varias decenas de viviendas ubicadas en Coto San José, y englobadas en al menos tres urbanizaciones, se encuentran desde hace varios meses a la espera de poder ser entregadas a sus propietarios. El motivo de este retraso, que podría dilatarse varios meses más, es la instalación, sin autorización, de una torreta para la línea aérea de electricidad.

Dicha torreta se encuentra ubicada en la parcela que en su día fue aceptada como libre de cargas por parte del anterior equipo de gobierno socialista a pesar de que en el Registro de la Propiedad figuraban hasta seis embargos diferentes sobre la misma. Esta cesión formaba parte del convenio de Coto San José II A, que ahora se ha visto afectado.

Según los datos a los que ha tenido acceso este Diario, las denuncias de la empresa Cortega, una de las que ha sido ya reconocida judicialmente como poseedora de los derechos de embargo, ha motivado la intervención directa de la Delegación provincial de Medio Ambiente, dependiente de la Junta de Andalucía, así como de la Demarcación de Costas, ya que la torreta se encuentra instalada en una zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre.

Esta circunstancia ha impedido que, por el momento, los cientos de viviendas ya concluidas puedan contar con el suministro eléctrico necesario y, por tanto, puedan disponer de la correspondiente licencia de primera ocupación.

Según ha podido comprobar este Diario, las obras de cientos de apartamentos están finalizadas desde hace varios meses, incluida la jardinería, así como el mobiliario urbano interior y exterior. A pesar de ello, los promotores no han podido entregarlos aún a los compradores, los cuales empiezan a inquietarse respecto al futuro de sus inversiones, ya que cada apartamento ronda los 300.000 euros, unos cincuenta millones de las antiguas pesetas.

Por su parte, el letrado y portavoz de la empresa Cortega, José Antonio Gamero Albarrán, ha asegurado a este Diario que ya se ha dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento chiclanero con objeto de "solicitar información sobre las autorizaciones que pudiera tener la instalación del mencionado tendido eléctrico, sin que hasta la fecha tengamos noticia alguna".

Del mismo modo, Gamero Albarrán también asegura haber solicitado información al Consistorio chiclanero, sin resultado alguno, sobre la posible anulación de los convenios urbanísticos de Coto San José II-A y II-B, al entender que no se han cumplido los requisitos establecidos.

Por todo ello, el letrado de Cortega anuncia que "en el mes de enero interpondremos la correspondiente demanda contencioso administrativa". ´

Este proceso podría retrasar aún más las actuaciones que se están llevando a cabo en Coto San José II-A y que también tienen previsto ejecutarse en Coto San José II-B. En este sentido, cabe recordar que el anterior equipo de gobierno socialista llegó a incluir, a principios del presente año, en el orden del día de uno de los plenos la aprobación del Plan Parcial Coto San José II-B, algo que finalmente fue retirado pese a que algunos partidos de la oposición llegaron a recibir un documento oficial en el que sí se incluía dicho punto.

De momento, y según ha confirmado el portavoz de Cortega, la empresa ya ha solicitado oficialmente la venta en pública subasta de la finca municipal embargada, un acto que podría celebrarse a finales del próximo mes de enero o principios de febrero.

Según Gamero Albarrán, la empresa está dispuesta a pujar por la misma para hacerse con su propiedad, lo que podría representar un problema añadido para el Ayuntamiento y un nuevo retraso en la entrega de las viviendas.

En este sentido, Gamero Albarrán entiende que "el Ayuntamiento parece que la da por perdida, ya que hasta el momento no ha sido capaz de dar una solución al asunto, a pesar de que la finca tiene un valor medioambiental imprescindible para los intereses presentes y futuros del municipio, al ser el lugar donde vierten las aguas procedentes de la depuradora de La Barrosa".

Cabe recordar que el Ayuntamiento, siendo alcalde José María Román, aceptó como libre de cargas una parcela sobre la que pesaban seis embargos. La cesión fue realizada, como parte de un convenio urbanístico, por una empresa que, precisamente, adeudaba una gran cantidad de dinero a Cortega. Ante el impago de la deuda, Cortega optó por embargar la parcela, intentando impedir de esta forma que se pudiera cumplir el convenio urbanístico con objeto de garantizarse el pago por parte de quien correspondiera.

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