El denominado caso Coto San José está empezando a convertirse en un grave problema para el nuevo equipo de gobierno, a pesar de que la problemática surgió como consecuencia de una actuación de los anteriores responsables municipales. De entrada, varios propietarios han decidido ya hacer uso de sus casas, a pesar de que las mismas carecen de la obligada licencia de primera ocupación, un documento que el Ayuntamiento otorgó en su día condicionado, por decreto, a un permiso que debe conceder la Junta de Andalucía, a través de su Delegación de Medio Ambiente. Y es que la Junta debe autorizar la instalación de una torreta para el tendido eléctrico en zona de servidumbre de protección del dominio público, además de la tubería para el suministro de agua, que también discurre por la parcela embargada por Cortega.

En Coto San José II-A está prevista la construcción de hasta 600 viviendas, por un importe de venta estimado de 180 millones de euros, 30.000 millones de las antiguas pesetas. De ellas, tres promociones, que suman varios centenares de apartamentos, están ya totalmente concluidas. Sin embargo, sus propietarios no pueden acceder aún a sus viviendas, por cuanto las mismas carecen de la licencia de primera ocupación y, por tanto, de luz y de agua. Este requisito es necesario para proceder a la escritura de la vivienda, salvo que el propietario renuncie a estos derechos y se haga cargo de todos los problemas que puedan surgir a posteriori.

En este sentido, el propio letrado de Cortega recomendó días atrás a los propietarios "no proceder a la firma de escritura para evitar posibles problemas en el futuro", mientras que las promotoras intentarán convencer a sus compradores para que firmen cuanto antes, a pesar de saber que las mismas carecen de la licencia de primera ocupación. Sólo así, firmando, podrán cobrar las promotoras el importe íntegro de las viviendas.

Según fuentes jurídicas consultadas por este Diario, ajenas a los intereses de ambas partes, "la autorización de Medio Ambiente para estos usos tiene su tramitación y su información pública y hasta ahora no consta que se haya cumplido estos trámites y por tanto puede tardar aún varios meses".

Cortega, por su parte, alegará que tiene embargada la finca desde la cual tienen que acceder las canalizaciones y que su intención es sacarla a subasta, razón que, como ya han reiterado sus responsables en varias ocasiones, negará su autorización.

Este retraso en la entrega de viviendas está repercutiendo también en los promotores, que deberán hacer frente a las reclamaciones de sus clientes tras sobrepasar el plazo de entrega. Asimismo, en el caso de las empresas más modestas, las promotoras también deberán asumir los intereses de los préstamos solicitados para la ejecución de estas promociones, algo que puede suponer cientos de miles de euros en apenas dos o tres meses. La única forma de cancelar los mismos sería procediendo a la escritura de las viviendas, ya que ello permitiría subrogar los mismos a los compradores o, en su defecto, recibir el importe íntegro de la vivienda si éstos optan por tramitarlo por otras vías.

Si Cortega saca la finca a subasta puede pasar que en la puja se la quede un tercero, ya que lo lógico sería que pujasen los propios promotores para intentar pagar algo menos de la deuda de Cortega si la empresa poseedora de los derechos de embargo, Cortega, se planta antes de llegar a 1,2 millones de euros, que es la deuda que J&P, empresa que debió ceder libre de cargas la parcela al Ayuntamiento, mantiene con Cortega.

Si así fuera, las promotoras se ahorrarían también el segundo embargo, que es de 450.000 euros, al tiempo que desbloquearían el tema de los suministros al hacerse ya con la propiedad de la finca para luego cederla gratuitamente y libre de cargas al municipio.

Esta sería la solución más rápida. Sin embargo, las promotoras no parecen dispuestas a pagar los embargos o participar en la subasta hasta esta suma, en cuyo caso lo que sucederá es que Cortega se la adjudicaría y entonces se complica todo el proceso.

De entrada, se consumaría la presunta malversación de caudales públicos con la pérdida de la parcela. Además, con la finca en manos privadas habrá problemas para las canalizaciones y para la conexión del alcantarillado por la ya conocida oposición de Cortega para que se constituyan estas servidumbres. En tal caso, los promotores y el Ayuntamiento tendrían que instar al Ministerio de Medio Ambiente para que expropiara la finca al ser en su mayor parte de dominio público, pero este proceso tardaría incluso años si no se declara de urgencia la ocupación y la necesidad de obtención de este suelo, algo improbable, según fuentes jurídicas, teniendo en cuenta que el propio Ayuntamiento la ha dejado perder.

Mientras no se resuelven estos problemas, las viviendas no podrán ser entregadas a sus propietarios con la correspondiente licencia de primera ocupación. Ocuparlas sin la citada licencia constituiría un delito.