Chiclana se enfrenta a legalizar 16.550 casas

  • El Gobierno socialista vuelve a la carga para regularizar viviendas, pero con un coste más asequible La ordenanza se aprobará esta semana

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No es la primera vez que el PSOE aborda el eterno conflicto de las viviendas irregulares, o también denominadas ilegales, que se localizan en distintos núcleos del término chiclanero. El anterior intento en 2010 le costó manifestaciones y rechazo por parte de miles de afectados debido a las ordenanzas que elaboró por entonces para la regularización de las Áreas de Gestión Básica (AGB). Incluso desde las filas socialistas se llega a reconocer que dichas ordenanzas costaron la pérdida de la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2011.

El Gobierno socialista parece haber aprendido la lección y ahora vuelve a la carga, si bien con notables diferencias con respecto a las ordenanzas de hace unos seis años.

De momento, se abandona el término de Áreas de Gestión Básica y ahora se llamará Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental, un cambio de denominación con el que se pretende partir de cero para intentar regularizar a un total de 16.550 viviendas, de las cuales 13.152 ya están edificadas.

Lógicamente, el jugo de las futuras ordenanzas, cuya aprobación inicial se abordará en un pleno municipal previsto para esta semana, se encuentra en los costes que ahora ofrece el actual equipo de Gobierno de Chiclana, liderado por el PSOE.

Así, la 'oferta' municipal se aleja de aquellas ordenanzas muy protestadas años atrás por colectivos vecinales, ya que el meollo de la cuestión se centra fundamentalmente en el coste que cada propietario deberá pagar para legalizar su casa.

Ahora, el nuevo proceso de regularización observa importantes distinciones que, desde el punto de vista del Gobierno local, hace más asequible la legalización de las viviendas que se sitúan en suelo urbano no consolidado, que se asientan en la friolera extensión de 22 millones de metros cuadrados, casi el doble de la extensión de Cádiz capital.

De este modo, la nueva ordenanza contempla dos partes bien diferenciadas. Por un lado, está la fase primaria que supone el plato fuerte de este nuevo proceso urbanístico, puesto que contempla el acceso a los servicios básicos (agua potable, alcantarillado y alumbrado) por un precio de 9.500 euros de media por propietario. Además, el dueño de la finca podría posponer en el tiempo la opción de la segunda fase que incluye pluviales, servicios de telecomunicaciones y cerramiento de parcelas a lo que habría que sumar una media de otros 16.000 euros por cabeza.

La delegada de Diseminado de esa ciudad, Cándida Verdier, puso varios ejemplos sobre la mesa para comparar la diferencia entre las ordenanzas de hace seis años y las actuales: "En las ordenanzas de 2010 el coste medio de regularización primaria y secundaria en Carboneros era de unos 45.000 euros por vivienda, mientras que ahora es de unos 16.000 euros; en Carrajolilla se ha pasado de 40.000 euros a 21.000 euros; mientras que en Majadillas Bajas, se ha pasado de 72.000 euros a 22.000 euros".

En este sentido, Cándida Verdier resalta el "esfuerzo" municipal por tratar de que sean más llevaderos los costes, sobre todo en estos tiempos en los que perdura la crisis económica. Por ello, la edil reitera que se ha realizado un trabajo "muy importante" desde el Ayuntamiento para reducir los pagos en una media del 50 por ciento "y hay fórmulas de pago que van desde las contribuciones especiales al pago al contado o el fraccionamiento", apostilló.

Con ello, detalló que estos procesos podrán hacerse de forma privada o a través de contribuciones especiales, "lo que ha tenido una buena aceptación por parte de los vecinos, que son los que decidirán finalmente si quieren regularizar y cómo", dijo.

Al respecto, uno de los aspectos en el que se muestra más esperanzada la responsable de Diseminado es la "disposición" de los colectivos vecinales para enfrentarse al nuevo proceso de regularización que comienza a dar sus primeros paso, si bien su desarrollo se antoja que irá para largo para una buena parte de los afectados.

No obstante, hay varios núcleos poblacionales 'a tiro' en los que la aplicación de la ordenanza podría hacerse realidad a corto y medio plazo y que incluye a miles de vivienda como son las situadas en las zonas de la Rana Verde, Las Majadillas y Las Menuditas, que en conjunto albergan miles de viviendas.

Por otro lado, uno de los colectivos más participativo en las distintas normativas municipales para legalizar viviendas ha sido la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización. Esta entidad vecinal considera que las nuevas ordenanzas "son la herramienta que permiten regularizar prácticamente el 99% de las edificaciones y la ejecución urbanística, reduciéndose por fin los costes a cantidades más realistas y eliminando prácticamente los excesos de aprovechamiento en las parcelas tipo".

Así, opina que el trabajo conseguido ha sido "gracias a la perseverancia de los colectivos, en especial de esta plataforma, así como de la aportación de los técnicos, formaciones políticas y la voluntad de Urbanismo".

La plataforma destaca que el documento realiza "por fin la distinción entre urbanizar (mediante una diversidad de posibilidades) y regularizar, permitiéndose el AFO (Asimilados a Fuera de Ordenación) para aquellos propietarios que no puedan abonar las cargas iniciales y cuya figura va a ser nuevamente modificada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)".

Sin embargo, puntualiza que la nueva ordenanza admite variaciones "que deberán ser tenidas en cuenta, aunque sea en el período de alegaciones y la cuestión fundamental que sólo se recoge en la memoria, es la reinversión por parte del Ayuntamiento en las áreas del extrarradio, de todo lo que se vaya a recaudar de los afectados por el 10% de los aprovechamientos correspondiente a la Administración". Según la plataforma de afectados, esta cantidad supone unos 4.000 euros de media para la regularización plena "y es fundamental para que el proceso tenga buen fin".

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