Quique Pina ya estuvo con anterioridad en el objetivo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. El origen estuvo en la venta del Ciudad de Murcia al Club Polideportivo Granada 74 de Carlos Marsá en verano del año 2007 y la negativa del ahora consejero delegado del Cádiz a pagar la comisión correspondiente al empresario granadino Antonio Jiménez Zorrilla, que ejerció de intermediario en la mencionada operación.

Tras ganar Jiménez Zorrilla la correspondiente demanda en la Audiencia Provincial de Granada, que fue ratificada por el Supremo y condenaba a Pina a pagar 382.000 euros (septiembre de 2011), el ex presidente del club rojiblanco también se negó, tras los distintos requerimientos que se le hicieron, a cumplimentar la sentencia tras haberse declarado insolvente.

Después de varios intentos de cobrar lo que se le adeudaba, se llegó al 12 de abril de 2014, día en que el empresario granadino anunció que había presentado una nueva querella -21 de marzo- contra Quique Pina por un presunto delito de alzamiento de bienes (insolvencia punible) con el objeto de reclamar la cantidad adeudada, que con los intereses y el pago de las costas ascendía ya a 754.078, 85 euros.

Fue por entonces cuando la UDEF comenzó a investigar los hechos denunciados y a indagar sobre el presunto patrimonio oculto de Quique Pina. En aquellas fechas, las pesquisas se centraron en el entramado societario de posibles testaferros a través del cual el actual dirigente del Cádiz se habría descapitalizado a favor de dichas sociedades administradas por personas de su confianza y familiares directos. Así mismo, a raíz de la querella interpuesta por Jiménez Zorrilla se comenzó una investigación sobre posibles delitos contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales. Por entonces ya se relacionaba a Pina con las siguientes empresas: Calambur Intermediaciones SL, Quique Sport SL, Promo Venice SL, Daxian 2009 SL, Tri-Hub Internacional, entidad radicada en Emiratos Árabes Unidos que participó en la compra del Granada CF en el 2009; y Albano Trust SA, con sede en Luxemburgo.

Durante estas investigaciones, la Policía Nacional ya hacía referencia en sus informes a la "procedencia opaca" de distintas cantidades importantes de dinero.

Tras la interposición de esta querella, Quique Pina se avino a negociar con Jiménez Zorrilla y el acuerdo entre ambos se hizo público en 25 de julio. Por el mismo, el ex mandatario del Granada se comprometió al pago de la deuda contraída en concepto de comisión generada por la participación del empresario en la venta del Ciudad de Murcia al Granada 74. Así se puso fin a un litigio que duró más de un lustro. Por entonces, los letrados de Jiménez Zorrilla, entre los que figuraba Enrique Rodríguez Zarza, manifestaron que el entendimiento fue "por las cantidades que Pina debía".

También, en virtud del acuerdo, los abogados de Jiménez Zorrilla presentaron un escrito con carácter de urgencia en el que solicitaron el archivo de la querella criminal contra Pina y las sociedades participadas por la familia del dirigente por un presunto delito de insolvencia punible y que fue admitida a trámite.

Por tanto, la querella no siguió su trámite, aunque la UDEF ya había emitido informes sobre el patrimonio de Quique Pina. Esta unidad policial es la misma que el miércoles participó en la operación en la que el ex presidente fue detenido como consecuencia de una operación contra el blanqueo de capitales procedente de traspasos de jugadores y otras actuaciones irregulares.

querella.Las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada por Antonio Jiménez Zorrilla hizo que Quique Pina, que se había declarado insolvente, pagara lo adeudado al empresario por su labor de intermediación con Carlos Marsá.