Quique Pina, el consejero delegado del Cádiz Club de Fútbol SAD, se convirtió en el gran personaje de la jornada de ayer al aparecer como el principal objetivo de la Operación Líbero, nombre de puro significado futbolístico de época pretérita. La misma, originada a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, fue montada y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, al frente del cual se halla precisamente un juez gaditano, en concreto José de la Mata Amaya.

La referida operación pone la guinda a casi dos años de trabajo al alimón de los funcionarios de la Agencia Tributaria encargados de luchar contra el fraude y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. A consecuencia de esa labor conjunta, al murciano se le imputan delitos contra la Hacienda Pública, de falsedad documental y blanqueo de capitales.

Las indagaciones hacen pensar en traspasos y comisiones en negro, convencidos los agentes de que Pina lideraba presuntamente una red que sirvió para defraudar elevadas cantidades y para blanquear fondos tanto en el extranjero como mediante inversiones inmobiliarias.

Todo apunta a que el patrimonio de los clubes controlados por el empresario ligado en la actualidad a la entidad gaditana habría sido el principal surtidor de ese dinero. La web elconfidencial.com alude a fuentes cercanas a las pesquisas para indicar que "Pina y su entorno aprovechaban los fichajes y traspasos de jugadores para introducir comisiones opacas que terminaban engrosando su fortuna personal en lugar de repercutir en el balance de los equipos. Además del dinero de traspasos, habría desviado presuntamente activos de los clubes para recibir salarios no declarados a través de terceros y adquirir un inmueble y hasta un barco".

A esto cabe añadir que, según fuentes cercanas al asunto, Diario de Cádiz ha podido conocer que Pina no efectuaba la declaración de Hacienda desde 2011 después de haberse declarado insolvente en 2010 a causa de los tres millones que debía a administraciones públicas por la deriv ación de responsabilidades tras la venta del Ciudad de Murcia. También merece un comentario, dentro de su alto tren de vida, la posesión de diversos vehículos de alta gama y varios inmuebles aunque no estén a su nombre sino al de sociedades como, por ejemplo, Calambur Intermediaciones SL.

Pero Quique Pina no es, ni mucho menos, la única persona cuyo nombre figura en los autos que propiciaron durante la mañana de ayer una catarata de registros que fue bastante más allá del estadio Ramón de Carranza de la capital gaditana o de las instalaciones puertorrealeñas de la Ciudad Deportiva de El Rosal, ya que en Granada, Murcia y Barcelona se actuó de manera simultánea ya fuera en clubes, despachos o domicilios particulares.

Otras personas, todas ellas vinculadas claramente a Pina, se encuentran en el marco de la investigación policial. En el auto general figuran los nombres de Gino Pozzo -fueron socios en su día al frente del Udinese-, Juan Carlos Cordero -director deportivo del Cádiz y su mano derecha-, David Navarro -gerente deportivo del Cádiz-, David Buitrago, Elena Pina -hermana del empresario- y el agente FIFA Joaquín Vigueras.

En lo que respecta a lo acaecido en Cádiz, el Juzgado emitió tres autos diferentes, uno general, otro personal para Juan Carlos Cordero y un tercero del mismo cariz para David Navarro. Al club se le requirió la aportación inmediata de determinada documentación, consistente en los contratos realizados con jugadores a lo largo de los dos últimos años, la relativa a cualquier tipo de remuneración recibida por Pina y la de los contratos de intermediación. Los dirigentes cadistas la entregaron se mostraban tranquilos, confirmando que todos esos documentos están presentados ante LaLiga. Al parecer, ese sosiego se multiplica porque el auto en cuestión se centra fundamentalmente en las actividades llevadas a cabo por Quique Pina y las personas estrechamente relacionadas durante su estancia en el Granada.