Cádiz CF

Libertad sin fianza pero con condiciones

  • Quique Pina sale de prisión aunque no puede abandonar el país, le retiran su pasaporte y debe acudir al Juzgado una vez a la semana

Quique Pina, consejero delegado del Cádiz, abandonó ayer la prisión de Soto del Real. Quique Pina, consejero delegado del Cádiz, abandonó ayer la prisión de Soto del Real.

Quique Pina, consejero delegado del Cádiz, abandonó ayer la prisión de Soto del Real. / j.p.

El consejero delegado del Cádiz, Enrique Pina, quedó ayer en libertad provisional sin fianza después de declarar por segunda vez ante el juez de la Mata en la Audiencia Nacional, en Madrid. El empresario llevaba 17 días ingresado en prisión -en Soto del Real- investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales traspasos de jugadores, insolvencia punible y contra la Hacienda Pública en el marco de la conocida como Operación Líbero.

El magistrado, en un auto dictado ayer al término de la declaración de Pina, no le impone fianza pero sí una serie obligaciones para asegurar su disponibilidad ante el órgano judicial. Por un lado, fijar un domicilio a efectos de notificaciones, comunicar cualquier cambio del mismo y facilitar un número de teléfono para estar siempre localizado.

El magistrado citó ayer a Pina para darle la ocasión de "clarificar contradicciones"

Pina también está obligado a comparecer cada semana en el Juzgado más próximo a su domicilio habitual mientras se sustancia el expediente judicial. El magistrado le prohíbe salir de España sin previa autorización judicial y le retira el pasaporte -debe ser consignado en el Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional en el plazo de 24 horas. El juez argumenta que las medidas resultan proporcionadas a la gravedad de los hechos y a las circunstancias concurrentes "sin que tengan finalidad punitiva alguna o se impongan para causar perjuicio personal o profesional al investigado. De la Mata recuerda en el auto que la investigación tiene por objeto la comprobación de la posible participación del implicado "en hechos supuestamente constitutivos de un delito grave". La investigación penal "no está finalizada", dice el juez, una situación que aconseja garantizar la presencia del investigado en territorio nacional.

De La Mata explica en el auto dictado ayer que cuando decidió el ingreso en prisión de Pina el pasado día 2 "se objetivaba un riesgo cierto e inminente de contaminación de futuras diligencias de prueba, como las declaraciones de otros investigados y de testigos, cuyo buen fin implicaba necesariamente que el investigado no pudiera tener comunicación previa con estas personas, muchas de las cuales pertenecen a su entorno más próximo como familiares y amigos, algunos de los cuales, por su condición de testaferros del investigado podrían ser manipulados o presionados".

Esas declaraciones -entre el los pasados días 5 y 14- y el análisis de los documentos incorporados a las actuaciones "han puesto de manifiesto notables contradicciones entre las afirmaciones de Pina, documentos obrantes en autos y otros relatos sostenidos por testigos e investigados sobre las mismas cuestiones, lo que ha corroborado la importancia de evitar que los involucrados en las investigaciones hubieran podido entrar en contacto para destruir evidencias, alinear versiones o simplemente para presionar".

De la Mata citó ayer a Pina "para darle la oportunidad de clarificar esas contradicciones y ampliar su declaración sobre las que ha ido ganándose conocimiento a la vista de las declaraciones practicadas".

Una vez realizadas las declaraciones de investigados y testigos, el juez hace una nueva ponderación de la situación personal de Pina y considera proporcional la modificación de la medida, por lo que acuerda la medida cautelar de libertad provisional prevista en la Ley para garantizar la plena disposición de la persona investigada".

Quique Pina fue detenido el pasado 31 de enero en su domicilio de Molina de Segura (Murcia) en el marco de la Operación Líbero, que conllevó el registro, por parte de agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial) de la sede del Cádiz Club de Fútbol (en el estadio Ramón de Carranza), las oficinas de la Ciudad Deportiva de El Rosal (pertenecientes a la entidad cadista) y la sede del Granada, equipo del que Pina fue presidente durante varios años.

El arresto del consejero delegado del Cádiz llevó al Consejo de Administración, con Manuel Vizcaíno a la cabeza, a asumir la gestión integral de la entidad. Cuando el juez decretó prisión incondicional para Pina, el presidente del Cádiz y el Consejo decidieron revocar los poderes que el murciano ostentaba en la parcela deportiva.

La incógnita que se abre ahora con la libertad de Pina es si éste recuperará las facultades para seguir con la gestión deportiva del club. El murciano sigue formando parte del Consejo de Administración del Cádiz de manera oficial aunque a día de hoy sin poderes a la espera de los movimientos que puedan sucederse en horas o en días. El club sigue deparando novedades en las últimas fechas, como la contratación de Santiago Pozas como director general, una decisión adoptada por Vizcaíno. Será la segunda etapa de Pozas en el club después ejercer ese mismo cargo en la etapa de Antonio Muñoz.

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