Cuando a la prolongación de la Avenida de Huelva, la nueva vía transversal que conectará la Juan Carlos I con el segundo puente, le queda ya poco para recibir el asfaltado. Cuando a la promoción de la antigua Comandancia de la Guardia Civil se le va viendo cada vez más pinta de habitabilidad. Cuando cada vez está más cerca el momento de que echen abajo los cuatro edificios de la calle Cooperativa y la Juan Carlos I que darán paso a la nueva avenida diseñada para conectar el segundo puente con el otro extremo de la ciudad, cuatro vecinos de los 72 de esos cuatro bloques todavía no han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento sobre la permuta de sus casas por las de Procasa en la antigua Comandancia de la Guardia Civil.

El Consistorio asegura que los cuatro casos se están tramitando y en vías de solución, pero, según explicó a este periódico uno de los afectados, al menos el suyo parece complicado, pese a que cualquiera, en principio, no tendría duda alguna en cambiar un piso en un edificio construido a mediados de los cincuenta y muy deteriorado por uno de los flamantes de Procasa en el solar de la vieja casa-cuartel del instituto armado.

Herencias compartidas y propiedades privadas, entre otras cosas, han dificultado la operación "Me dijeron que la única forma de acceder a una VPO era que me separase de mi mujer"

El problema radica -dice- en que la permuta es de un piso de renta libre por otro de protección oficial, para cuyo acceso es imprescindible cumplir con determinados requisitos, como no tener ninguna otra vivienda en propiedad ni superar unos determinados ingresos, ya sea por rentas del trabajo o de capital. La negociación con algunos otros vecinos que ya llegaron a acuerdo también ha sido difícil debido a circunstancias familiares, como que la propiedad de los pisos era compartida, ya que eran fruto de una herencia a repartir entre varios hermanos, de forma que uno tuvo que terminar adquiriendo las partes de los demás.

"A mí me han llegado a decir que la única solución, la única posibilidad de que yo accediese a uno de esos pisos de protección oficial es que me separe de mi mujer o que done el usufructo de la vivienda donde vivo a alguien de confianza", asegura uno de los vecinos cuyo caso está todavía por resolver. "Nos están ofreciendo un justiprecio de unos 135.000 euros, que es prácticamente lo que me costó el piso, si tenemos en cuenta los gastos de la liquidación de la hipoteca", se lamenta. "Me han ofrecido uno de renta libre en el mismo sitio, pero con la condición de que afronte la diferencia de precio. Y yo ahora ni puedo pagar ni puedo pedir otros 50.000 euros a ningún banco". Así las cosas, han terminado poniendo el caso en manos de un abogado. Un piso de dos dormitorios y 90 metros cuadrados está a la venta por casi 182.000 euros y los de cuatro dormitorios y 140 metros cuadrados llegan a los 250.000.

Otra vecina, cuyo nombre no quiere que se cite y que sí que ha terminado llegando a un acuerdo con el Consistorio, aún así, dice no estar contenta, "porque no voy a tener una terraza como la que ahora tengo y porque durante ocho años no voy a poder disponer de la casa plenamente; no la voy a poder vender, como sí que podía haber hecho hacer con la mía".

Otro inconveniente que ven es que tendrán que afrontar los gastos de notaría que les correspondan como compradores de una vivienda nueva, las altas de la electricidad, el agua y el gas y el montaje de una nueva cocina, entre otros, "cuando en su momento se nos dijo que el cambio sería de llave por llave".

Ninguno de los afectados consultados por este periódico sabe todavía cuándo arrancarán los trámites de firma de escrituras de la operación. "Nos han dicho que será, posiblemente a finales de mayo o principios de junio, pero aún no tenemos notificación alguna", comenta uno de ellos. Mientras tanto, la obra de prolongación de la Avenida de Huelva entre los dos nuevos edificios de viviendas de la antigua Comandancia de la Guardia Civil se abre camino a muy buen ritmo.