Tanto los padres que reclaman que haya cuatro clases de Infantil, esto es, una cuarta línea, en el colegio marianista San Felipe Neri, como el propio centro, se plantean ya recurrir a la vía judicial si la Junta de Andalucía continúa denegándoles esta posibilidad. Aunque ambas partes aseguran que preferirían evitar dar este paso, desde ayer cuentan con una baza a su favor que les anima, si lo considerasen necesario, a seguir el camino de los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado por primera vez una sentencia a favor de un centro educativo que obliga a la Junta a ampliar el concierto a un colegio. Hasta ahora las sentencias favorables a los colegios concertados se limitaban a mantener las líneas existentes, pero no a ampliarlas.

En concreto se trata del caso del colegio de los Escolapios de Granada que pidió, de forma similar a lo que sucede en el centro gaditano, una tercera línea de Infantil de tres años, cuestión a la que se negó la administración autonómica. El TSJA ha anulado dicha denegación por falta de motivos en la argumentación y ha instado a la Junta a cubrir los gastos de esa tercera unidad de Infantil.

El argumento que en ese caso se daba desde la Consejería de Educación, asimismo muy parecido a la respuesta señalada a San Felipe Neri, era, básicamente, que un aula más no cubre necesidades urgentes de escolarización que no puedan ser atendidas de otro modo, esto es, por los centros públicos existentes en la ciudad.

De hecho el director del colegio marianista de Cádiz, Javier Anso, ayer no discutió esta justificación, que señaló como cierta. Pero sí recalcó que lo que ellos defiende es "el derecho de los padres, que se les está negando, a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos". Y especificó que con estas palabras no se refiere a elegir centro, sino a que exista una oferta que permita "elegir en la medida de lo posible el tipo de formación, igual que un padre que quiere llevar a su hijo a un centro público y no a un concertado, puede hacerlo, y esto sin menospreciar en ningún caso ni aun tipo de centro ni al otro".

Anso reconoció que, aunque en principio el deseo del colegio no es llegar al contencioso-administrativo, y prefiere solucionar el tema "desde el diálogo con el fin de mejorar el sistema educativo", si se produce la denegación de forma definitiva estudiarán la posibilidad. Para ello, explicó el responsable del colegio concertado, tendrá que llevarse el tema a los órganos de decisión de la Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro a la que pertenecen otros ocho centros además del gaditano.

En términos similares se pronunciaron los padres, que han tocado todos los palos posibles para dar cuenta de su disconformidad y lograr que se tenga en consideración su exigencia. Estos ya han dado un paso más y están en conversaciones con abogados, como confirmó el portavoz de los mismos, Vicente Ortega, para estudiar la posibilidad de recurrir a los tribunales. Eso sí, recalcó Ortega que, primero, se agotará la vía administrativa que ahora está en marcha.

Del mismo modo el representante de los padres de alumnos advirtió a la administración que, después de la mencionada sentencia, "tome buena nota". Al respecto dijo esperar que la Consejería dé antes el paso, a la luz de los acontecimientos, "y no nos obligue a darlo nosotros".

Por su parte la Delegación Provincial de Educación no emitió opinión alguna en referencia a la decisión del TSJA. Se limitó a señalar que los padres y el centro tienen derecho a recurrir a los tribunales si así lo estiman oportuno, a la vez que, en el caso concreto de la sentencia, se apuntó que se acata la resolución judicial.