Jueves Santo Horarios, itinerarios y recorridos del Jueves Santo y Madrugada en la Semana Santa de Cádiz 2024

diferencia de costes

El secretario y el interventor ven viable la remunicipalización

  • En uno de los informes se advierte que las plantillas tendrán que pasar por un proceso selectivo para poder acceder a un contrato fijo

Uno de los tractores transporta algunos materiales en la playa Victoria.

Uno de los tractores transporta algunos materiales en la playa Victoria. / LOURDES DE VICENTE

La remunicipalización de los servicios de limpieza de la arena de playa, el salvamento y socorrismo y el de limpieza y mantenimiento de los módulos de playas es viable desde el punto de vista jurídico, económico y laboral, a tenor de lo que se indica en los informes del secretario y el interventor municipal y que se han realizado tras las peticiones que hicieron los tres grupos de la oposición en la Mesa de la Remunicipalización. Esos dos informes, a los que ha tenido acceso este periódico, se acompaña también con otro documento anexo del director del área de Medio Ambiente.

Entre las conclusiones que se pueden extraer de estos documentos está por ejemplo económico y es que las remunicipalizaciones en estos tres servicios van a generar un ahorro de 308.179 euros en total, cifra en la que ya se incluye unos 72.000 euros, que sería el incremento de los costes que le supondrá a la sociedad municipal Cádiz 2000, que sería la que asumiría los servicios.

El informe del secretario municipal, Marcos Mariscal Ruiz, es muy exhaustivo en lo que se refiere a las dudas jurídicas que puede haber con este proceso de recuperación de servicios que se encuentran externalizados.

Uno de los caballos de batalla se sitúa por ejemplo en el modo en el que se puede traspasar la plantilla de las tres empresas a Cádiz 2000. En concreto se trata de Acciona Facility Services (limpieza de playas), Ebone Servicios Educación Deporte (salvamento y socorrismo) y UTE Inditec Sice Playas Cádiz (limpieza y mantenimiento de las playas).

En este sentido, el secretario trata de despejar la incógnita si el personal que es fijo en esas empresas pasa con la misma condición una vez que sea remunicipalizada bajo el manto de la sociedad municipal Cádiz 2000. Y es que como recuerda el propio firmante del informe, el acceso al empleo público debe cumplir con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad "y la concurrencia de los mismos en estos procesos es evidente que no existe".

El secretario tira de jurisprudencia para tratar de llegar a una conclusión y entre ellas advierte que el trabajador en cuestión que pase al abrigo de la empresa municipal "no puede tener la consideración de fijo hasta que no supere un proceso selectivo de acceso al empleo público". Ello determina, según una sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, que sus puestos pueden ser suprimidos con preferencia a los indefinidos fijo.

Lo que se refleja en el informe es que los trabajadores que sean incorporados como "indefinidos" deben superar un proceso selectivo para poder tener un contrato "fijo". Al tratarse de personal laboral, el proceso de selección se puede hacer por lo previsto por la norma, es decir, oposición, concurso-oposición o el concurso de valoración de méritos.

En el apartado de conclusiones dice que la jurisprudencia aplica una solución de "indefinido no fijo" para los casos en los que la incorporación a la plantilla se produce fuera del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el secretario opina que en los casos en los que la incorporación sea en una empresa pública "la doctrina jurisprudencial entiende que la figura aplicable es la de indefinido y no la de no fijo".

En cualquier caso insiste en que aún tratándose de una empresa pública, "todos los trabajadores han de superar un proceso selectivo igualmente para poder tener un contrato fijo".

Una de las cuestiones que sí queda clara es que la Ley de Bases de Régimen Local no prohibe que la Sociedad Municipal de Fomento Económico Cádiz 2000 pueda ver ampliada su actividad mediante una modificación de su objeto social para llevar a cabo nuevas prestaciones o servicios procedentes de la remunicipalización.

Esto se produce por dos razones. El primero de ellos es que la sociedad, de capital cien por cien público, ya estaba constituida cuando entró en vigor la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que impide la creación de nuevas sociedades municipales en aquellas administración públicas que están sometidas a planes de ajuste. El freno es que no puede dar lugar a la realización de aportaciones patrimoniales o la suscripción de ampliaciones de capital.

Otra de las dudas se planteaba en la sucesión de empresas en el sector público y en lo que se refiere al mantenimiento de los derechos de trabajadores en casos como este. Así, el Tribunal Supremo "es contundente", tal y como refleja el secretario en su informe, y dice que la reversión de un servicio público desde una empresa concesionaria a una entidad pública, "que acuerda seguir prestando directamente y sin solución de continuidad dicho servicio con la misma infraestructura y plantilla conlleva la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores".

En este expediente el Ayuntamiento asume tres elementos fundamentales: por un lado recupera la disponibilidad sobre las instalaciones que dependen de su propiedad para la ejecución del servicio. En segundo lugar recibe de las empresas los elementos patrimoniales fundamentales para la explotación, en este caso la maquinaria y los equipos, abonando además la cantidad que restaba para amortizarla. Y tercero, la empresa local "pretende incorporar" a la totalidad del personal adscritos a la contrata.

En el informe del interventor, apoyado por el del director de Medio Ambiente, se va contestando una a una a las distintas cuestiones que va planteando la oposición.

El coste global de los tres servicios ascedería, si es remunicipalizado, a 2.288.114,65 euros, lo que supondría una aportación mensual por este concepto de 190.676,22 euros.

Una de las cuestiones que trata de dirimirse es si realmente se ahorra dinero con la remunicipalización o no. Para ello hay que tener una serie de cuestiones previas que advierte el interventor Juan María Moreno Urbano. Una de ellas es que las empresas que prestan estos servicios "lo están haciendo por debajo del coste real", principalmente por ofertas a la baja y mejoras contenidas en sus propuestas.

Otro de los asuntos es que en caso de volver a tener que sacarlas a concurso, habría que actualizar el canon porque dos de los tres servicios que se prestan (menos la de limpieza de playas) no cubren el coste de los mismos. De hecho, las dos compañías habían mostrado su deseo de abandonar la concesión y de no prorrogarlas.

Si nos vamos al informe del director de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Mújica, se refleja que si se hace el cálculo de lo que actualmente abonan las empresas externas y si se hace la remunicipalización de una manera "eficiente", habría un déficit para las arcas municipales de casi 120.000 euros. Sin embargo, reitera que las actuales empresas prestan sus servicio por debajo del coste real del servicio.

Ahora bien, si se hace sobre el coste real del servicio se produce un ahorro de un 14,25% por lo que se pasaría de los 2.668.493,68 euros a los 2.288.114,65 euros, lo que suma 380.379,03 euros a esa cifra hay que restarle los 72.000 euros antes citado que habría que proyectar en Cádiz 2000 para gestionar estos servicios.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios