Durante el mes de octubre de 2016 se presentó una denuncia por robo en un comercio en la capital gaditana. Un año después, ese mismo mes de octubre, ha visto como se han producido 20 robos en establecimientos de la ciudad. Porcentualmente el ascenso de los índices de criminalidad es tan espectacular como preocupante. La inseguridad ciudadana tiene varios motivos según los tres sindicatos policiales consultados. Los representantes de Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión Federal de Policía (UFP) y Alternativa Sindical de Policía (ASP) coinciden en señalar que el catálogo de personal de la Comisaría Provincial de Cádiz no sólo está obsoleto sino que "apenas si supera el 80%". En teoría, la Comisaría gaditana debería contar con 380 agentes, y actualmente hay cubiertas 300 plazas.

Pero para que se haya producido este frenesí delictivo han sido claves otros aspectos: el primero, el traslado a Cataluña de casi medio centenar de agentes destinados en la UPR de Cádiz, El Puerto de Santa María y Jerez. El desplazamiento de agentes de la UPR de Sevilla también ha provocado por ejemplo que agentes de Cádiz hayan tenido que acudir a mantener la seguridad en partidos del Betis o del Sevilla en la capital hispalense, con lo que el número de agentes disponibles en la provincia también se ha visto mermado.

De otro lado, la avalancha de inmigrantes ilegales a nuestras costas. La oleada de pateras ha obligado a realizar devoluciones de personas a sus países de origen, organizándose contingentes de muchos agentes para dar cumplimiento a las órdenes judiciales y trasladarlos hasta Ceuta.

Además, está el problema de la ausencia de calabozos en la Comisaría Provincial. El trasiego de detenidos desde Cádiz a San Fernando ha dado origen a una chanza que asegura que la zona más segura de toda la provincia actualmente es la autovía que une ambas localidades.

Por último, los sindicatos critican la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz. La ausencia de una Ciudad de la Justicia hace que se tengan que desplazar hasta diferentes puntos (Audiencia, Juzgados de lo Penal, Menores, Violencia de Género, Juzgado de Guardia...).

La suma de todos estos factores arroja como resultado que en ocasiones haya uno -o ningún- coche patrullando las calles, en una labor de prevención que se antoja fundamental para atajar este tipo de robos. "Lo normal sería que se vieran más coches patrullas, que haya como mínimo tres coches en las calles, pero con los traslados a San Fernando o a los juzgados a veces esto no ocurre", decía ayer Paco Calvo, secretario provincial de ASP.

Teóricamente, el grupo de traslado debiera estar integrado por cinco funcionarios, "pero falta personal y gente de los zetas tiene que cubrir esas carencias, lo que provoca una mayor inseguridad ciudadana", decía Calvo.

David Montes, secretario provincial y regional de UFP, especifica que el catálogo de la Comisaría Provincial data de 2004 "y se ha mejorado en pocas ocasiones. En todos estos años se han multiplicado las jubilaciones, han pasado otro buen número de agentes a la segunda actividad, y ha habido poca oferta de empleo público. Si a esta falta de personal habitual unimos circunstancias como el problema surgido en Cataluña, que necesitaba de agentes, bajas por enfermedad, vacaciones, días libres o llegada masiva de inmigrantes, pues tenemos un problema porque nos quedamos cortos en cualquier aprieto".

"Falta personal pero también dinero -sigue Montes-, porque con dinero se compra tiempo, se pagan horas extras y se incentiva a la plantilla, pero sin dinero por culpa de la crisis de la que siempre nos hablan es muy complicado. Y aumentar la plantilla supone también mantener más sueldos. Nosotros lo que pedimos al menos es que el catálogo esté al 100%".

Paco Calvo considera que la Comisaría Provincial necesita al menos "50 agentes más como mínimo de la escala básica, eso para que funcione medianamente bien".

Los sindicatos consultados reconocen que la media de robos en la ciudad ha subido hasta situarse en prácticamente uno y medio cada dos días. "Luego la Brigada Judicial investiga y normalmente se detiene a los causantes, pero es la labor de prevención la que se ve más afectada por la falta de agentes en la calle".

Lo que los sindicatos denuncian es la que ellos denominan "política del parche, algo que ya no ocurre sólo a nivel local sino en todo el país".

Destacan que en los últimos años han salido más plazas para Policía Nacional, pero que durante mucho tiempo apenas si se convocaban 200 para todo el país. "Con las jubilaciones que hay cada año es difícilmente sostenible ese boquete y que cada vez no haya menos personal".

Reconocen también que los compañeros de la Comisaría de San Fernando se están viendo muy afectados, puesto que si antes tenían que atender a tres o cuatro detenidos al día "ahora se ha triplicado. Eso obliga a meter a más gente en las labores propias de los calabozos para atender a los arrestados, quitándolos de otros servicios. Es desvestir a un santo para vestir a otro", decía Paco Calvo.

Por su parte Carmen Velayos, secretaria general del SUP en Cádiz reconocía que las plantillas "están bajo mínimos" y que no se puede olvidar todas las tareas que desempeña la Policía, entre otras las incluidas en el Plan Director.