Tras una década detrás de la recuperación del molino de mareas de Río Arillo, lo único ejecutado hasta la fecha es una obra de consolidación. Se ha conseguido que el molino deje de ser propiedad privada, lo que más tiempo ha llevado, pero ahora el edificio está en manos municipales, una titularidad controvertida: la Demarcación de Costas ha emprendido una actuación legal, por la vía de lo Contencioso-Administrativo, porque piensa que debería ser la dueña de este edificio situado en Dominio Público Marítimo Terrestre.

El pasado verano, cuando el edificio dejó de ser de la Unión Salinera, las tres administraciones que tenían algo que decir sobre el proceso para convertirlo en un ecomuseo -Costas, Junta y Ayuntamiento- celebraron una reunión en la que hubo acuerdo sobre quién tenía que dar los siguientes pasos. Un acuerdo que no ha frenado las tensiones, sobre todo en lo que respecta al Ayuntamiento y Costas. El primero hizo las obras más urgentes para frenar el deterioro y valló el inmueble, y redactó un proyecto de consolidación. Esto último sorprendió a Costas, que entendía que se había acordado que ellos eran quienes tenían que hacer ese proyecto. De hecho, Costas ya había iniciado el proceso (la licitación) para encontrar una empresa que lo redactara.

Así, ambos siguieron adelante: el Ayuntamiento terminó su proyecto y Costas adjudicó la redacción del suyo. En los últimos tiempos, Costas indicó que el municipal serviría de base para el suyo, a lo que el Ayuntamiento respondió recordando que era la administración competente para dar licencia de obras, y que sólo la daría para una actuación que cumpliera los requisitos de la suya. Por último, Costas ha contraatacado asegurando que al proyecto municipal le faltan documentos y estudios.

No es el primer enfrentamiento por este edificio. Durante mucho tiempo, la Junta acusó a los consistorios de Cádiz y San Fernando de no hacer nada por el edificio. En el año 98 se derrumbó un techo del molino y, aunque su mal estado no era nada nuevo, sí puso de manifiesto la poca prisa que había por arreglar este histórico edifico pese a que la Consejería de Medio Ambiente había consignado en sus presupuestos 140 millones de pesetas para la rehabilitación.

El problema era que los ayuntamientos de San Fernando y de Cádiz no habían conseguido hacerse con el molino, porque les había fallado la idea inicial. El plan (consensuado por Medio Ambiente, la Mancomunidad de la Bahía y los dos consistorios) pretendía que estos últimos adquiriesen el edificio en la misma operación de compra de la salina Dolores -propiedad de Unión Salinera de España- para construir la depuradora. Después, se podrían a disposición del Instituto Mancomunado para la Conservación de la Naturaleza (Imacona) para que, en convenio con la Junta, se construyese un centro de recepción. Las administraciones pretendían que Unión Salinera donara la salina San Félix, a lo que esta se negó. Esta negativa hizo que el plan fracasara y que el dinero acabara invirtiéndose en otro proyecto. En casi diez años las únicas noticias sobre este molino fueron su cada vez más evidente deterioro y los pautados pasos que se daban para conseguirlo por expropiación, lo que hizo el Ayuntamiento de Cádiz y culminó el pasado año.