La falda, la del uniforme de las enfermeras de la Clínica San Rafael, es el motivo de que se haya abierto en la ciudad un debate sobre el uniforme de los profesionales sanitarios que va más allá del largo de la tela. Ha sido también una decisión de los hospitales concertados de la empresa Pascual la que ha hecho que se ponga la atención en el uso del vestuario sanitario como medio de protección.

Las clínicas de Pascual han restringido, bajo sanción, las salidas a la calle con la vestimenta de trabajo. Así se estipula tras un estudio de riesgos laborales realizado a instancia de la Inspección de Trabajo a causa, precisamente, de la polémica ¿falda o pantalón? Pues bien, resulta que aunque no existe una prohibición expresa, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) también lo apunta como deseable en su Libro de Estilo. Por su parte el Hospital Universitario Puerta del Mar cuenta en su régimen interno con una recomendación al respecto, según confirmación del propio centro. La finalidad es evitar 'transportar' agentes biológicos o infecciosos del hospital a los ciudadanos o de la calle al hospital.

Curiosamente el debate no es nuevo. Ya se produjo a principios de los noventa y llevó al propio Ayuntamiento a dictar un bando municipal para evitar la presencia de las batas en las calles.

Aunque incluso los propios profesionales, consultados por este periódico, tienen una opinión general favorable, la medida no se cumple ni en el hospital gaditano ni en otros tantos de dentro y fuera de la provincia. En el caso del Puerta del Mar médicos y personal de Enfermería reconocen que lo idóneo sería que la prohibición fuese efectiva, pero lo ven inviable.

El motivo esencial, que el centro sanitario no cuenta con una cafetería suficientemente grande para responder a la demanda de los casi 3.000 profesionales que trabajan en el centro y los 6.000 pacientes que este absorbe a diario. Entienden que para exigir que no se salga a la calle en uniforme primero habría que solucionar esta cuestión.

En términos similares se pronuncian los sindicatos, que aunque creen que es un tema que debería cumplirse entienden que es imposible llevar a efecto. Para Carmen Boy, delegada sindical de CCOO en el Puerta del Mar, "es una cuestión que no se puede exigir sino existen las condiciones para que se lleve a cabo". Esta explica que tiene que ver con el problema de la cafetería ya que "el personal de Neonatología, de Cirugía o de paritorio, a los que se les pone el desayuno y la merienda dentro del hospital, no sale a la calle". Añade al respecto que cuando existía la antigua cafetería, que tuvo que eliminarse por los problemas de espacio del centro, sí se seguía el precepto. Prueba de ello es, determina Boy, "que desde entonces han proliferado los bares en el entorno del hospital".

Por su parte el Sindicato de Enfermería, SATSE, señala que "no es lógico, normal ni higiénico" salir con el uniforme, según su delegada Carmen Sánchez. Esta añade que sería conveniente recordar al personal los peligros que supone incumplir esta recomendación. Por su parte José Martínez, de Autonomía Obrera, insiste en que para que se lleve a la práctica hay que poner medidas previas.

Los tres sindicatos sin embargo quisieron recalcar que, aunque es una cuestión importante y que debería cumplirse, "hay otros temas mucho más relevantes que es prioritario solucionar en el Puerta del Mar".

Los profesionales consultados evalúan la cuestión desde su punto de vista. Algunos reconocen que salen a la calle y que no deberían hacerlo, y añaden que de vez en cuando los responsables les insisten en la cuestión. Otros aseguran que nunca han salido del recinto del hospital con la bata o el pijama. Todos entienden que además de no ser recomendable por cuestión de seguridad sanitaria "da muy mala imagen que estemos en la cafeterías o aquí en la puerta fumando". Con todo, comprenden que exista una norma al respecto. Eso sí, si se va a exigir su cumplimiento, antes debe ponerse una buena cafetería, reclaman, y también, una sala de fumadores. Asimismo entienden que es una cuestión que, de traducirse en obligado cumplimiento, como ocurre ahora en San Rafael, debe ser extensiva a todo el sector sanitario ya sea público, privado o concertado.