La recuperación del rico patrimonio histórico de la ciudad de Cádiz está chocando los últimos años con una falta alarmante de fondos públicos o privados con los que financiar las obras que son necesarias ejecutar.

El penúltimo ejemplo ha sido la restauración del Monasterio de Santa María, un edificio que a punto de cumplir 500 años de existencia es uno de los más antiguos de la ciudad aún en pie en su totalidad, a la vez que mantiene en su interior los únicos restos del viario urbano anterior al ataque inglés de 1596.

La salvación de la ruina de este inmueble religioso, cerrado desde hace una década, ha estado en manos de la Junta de Andalucía, primero, y del Ayuntamiento de Cádiz, después, además de la propia congregación religiosa propietaria del inmueble. Sin embargo, ha tenido que ser un colectivo ciudadano el que desde hace unos años impulse actuaciones de rehabilitación en el monasterio, con el handicap de no contar con apenas fondos con los que afrontar obras que son muy costosas. Una situación que ha llevado a la propia comunidad de religiosas a plantear la venta de una parte de su propiedad.

Es lógico pensar que debe ser la propiedad la que asuma la obligación de mantener sus inmuebles. Pero cuando éstos tienen un calado público, por su valor histórico, deben ser las administraciones las que tengan la obligación de actuar para evitar la pérdida del patrimonio. La cuestión es que, también por lógica, la aportación del dinero público en estas operaciones debe ir acompañada por un uso público, continuado o temporal, de estos inmuebles.

Para emprender operaciones de este calado hace falta mucho dinero. Para rehabilitar lo que está en mal estado, para mantener lo ejecutado y para darle un uso ciudadano que permanezca en el tiempo.

El Ayuntamiento de Cádiz ha sido espléndido durante los últimos años. Comenzó de forma humilde en tiempos de Carlos Díaz (PSOE), más centrado como estaba en recuperar una trama urbana muy dañada por los años de abandono del franquismo. En la etapa de Teófila Martínez (PP), la inversión fue notable. Numerosos templos, que más allá de su valor religioso lo tienen también en clave histórico y cultural, se han restaurado con aportación municipal. A la vez, se actuó en las murallas, recuperándolas de una decadencia peligrosa. En el propio Monasterio de Santa María, el deseo de ayuda del gobierno de Martínez chocó en más de una ocasión con las gestiones que la propiedad realizaba para contar con la participación de la Junta.

La Junta. Al final casi todo acaba terminando en la Junta. La transformación del Monasterio de Santa María se metió con calzador en el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo, y ahí quedó pendiente. Pero más allá de ello, el dinero de la administración regional ha estado ausente cuando la capital ha tenido necesidad de afrontar proyectos que por la importancia para el propio desarrollo de la ciudad animaba a contar con la participación de las administraciones públicas.

No nos cuesta buscar un ejemplo. En su día, el gobierno regional proyectó para cada una de las capitales de la región un equipamiento cultural de relevancia. El último ha sido el Museo Íbero en Jaén, con una inversión de 27 millones de euros puestos por la Junta y la UE.

Para Cádiz la idea era construir el gran centro del Constitucionalismo. Primero se proyectó uniendo el Museo de las Cortes con el colegio de San Felipe y el propio Oratorio y su edificio; después se pasó al Faro de las Libertades en el castillo de San Sebastián y por último todo quedó en un precario Centro de Interpretación del Constitucionalismo, que languidece, hasta ahora, al borde del cierre. La apuesta gaditana de la Junta falló, como falló el ambicioso proyecto de rehabilitación de San Sebastián, abandonado al Ayuntamiento con todo a medio ejecutar.

Los templos de la ciudad tampoco han podido contar con el apoyo decidido de la administración regional. En Santa Cruz se dejó la Torre del Sagrario sin terminar, mientras que su olvido hacia la Catedral ha sido más que evidente.

Nada de esto nos podría extrañar si vemos el maltrato autonómico al Teatro Romano, que hasta hace poco más de un año no ha comenzado a recibir la atención que merece uno los mayores teatros del Imperio. Y aún así, la inversión y el ritmo de la misma nos parecen escasas si comparamos los dineros que han llovido sobre otros equipamientos en el resto de la región.

Y no nos olvidemos del Estado, que no debe librarse del tirón de orejas, sobre todo cuando está dejando morir al castillo de San Sebastián, que desde la salida de la Alcaldía de Teófila Martínez, ha perdido el impulso rehabilitador que se tenía. Ahora corremos el riesgo de que lo poco realizado comience a estropearse y lo que aún necesitaba arreglo bordee el estado de ruina.

El Ayuntamiento, que tiene en redacción un plan de recuperación del patrimonio histórico, no está en condiciones de asumir el mantenimiento de estos 40.000 metros cuadrados y la Junta se lavó las manos hace cinco años. La propiedad, el Estado, debe afrontar por ello esta operación, especialmente cuando acumula un importante déficit en materia cultural en su relación con Cádiz.

Y ya puestos, quedaría bien que el Ministerio de Cultura se acordase de que desde hace años y años tiene pendiente la tercera fase de la ampliación del Museo de Cádiz y que la capital cuenta con la última gran catedral americana muy necesitada de obras y de dinero para ejecutarlas. Lo decimos por si no se acuerdan.