Pleno del Ayuntamiento de Cádiz

La oposición tumba la auditoría ciudadana

  • Dos enmiendas de sustitución de PP y PSOE evitan que el equipo de Gobierno apruebe una de sus propuestas estrella de la legislatura

El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, durante el pleno municipal de este viernes. El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, durante el pleno municipal de este viernes.

El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, durante el pleno municipal de este viernes. / Jesús Marín

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La realización de una auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cádiz era una de las propuestas que se anunció a bombo y platillo tanto en los programas electorales de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común como en las diferentes manifestaciones del actual equipo de Gobierno sobre la situación de las arcas municipales. La necesidad de señalar el origen del débito local y de indicar qué partidas son ilegítimas llevó a ambos partidos a plantear al Pleno su puesta en marcha para denunciar la gestión económica del Partido Popular. La oposición ha tumbado en la sesión ordinaria de esta mañana esta medida estrella gracias a dos enmiendas de sustitución presentadas por el PP y el PSOE con distinto sentido y fin. 

La que tiene más visos de poder ejecutarse, según el planteamiento que realizó al inicio del debate el propio interventor del Consistorio, es la presentada por los populares al pedir a la Intervención Municipal que elabore un listado sobre aquellos organismos del Consistorio que no se han sometido a una auditoría en los últimos 11 años, incluyendo los que afectan a Podemos y Ganar Cádiz, para que se realice en función de lo que marca la ley. Asimismo, también se pide al interventor y al secretario del Ayuntamiento que elabore un informe sobre la adjudicación a la empresa Ekona para un servicio de auditoría. Por su parte, aunque cuenta con el visto bueno del Pleno, la ejecución de la enmienda del PSOE es más dudosa al instar a la contratación de un servicio externo para auditar la deuda municipal entre 2007 y 2017, además de dar traslado a la ciudadanía de las conclusiones de este trabajo. 

La aclaración del interventor tras la exposición de las enmiendas condicionó el sentido final del debate, aunque no desvió los objetivos claramente trazados por todas las partes, sobre todo por los guiños electoralistas, ya que, aunque queda algo más de un año para las elecciones, la carrera ya ha comenzado. El técnico municipal dejó claro que los organismos que tienen la competencia para la realización de las auditorías son el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas, por lo que cualquier ente privado sólo puede actuar como colaborador en esta labor y su contratación se puede declarar nula, ya que han existido impugnaciones por parte de la Junta de Andalucía. Asimismo, en cuanto al acto de la realización de una auditoría ciudadana, especificó que esta acción se realiza “en el seno de la participación ciudadana”, por lo que “no se trata de una auditoría”, además de añadir que “habrá que estudiar el acceso a la información” en función de las normas de transparencia. 

Con estas consideraciones sobre la mesa, el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, intentó sumar las dos enmiendas de sustitución a su propuesta, aunque no obtuvo el efecto esperado. Aun así, defendió que la auditoría ciudadana “no es ni ilegal ni sectaria”, sino que “es obligatoria” para tener una administración transparente. El edil de Podemos atacó al PP al asegurar que tenía “una forma de actuar de 20 años que escapaba de ese camino y que no era transparente”, por lo que “piensan que apartarse de ese camino es ilegal y sectario”. Por ello, expresó que el objetivo es que “si hay algún tipo de responsabilidad, se ponga nombre y apellidos”, tomando como referencia algunos de los proyectos que se consideran fallidos, como el Keko y la Keka o la pérgola de Santa Bárbara. 

Por parte del PP, Bruno García protagonizó una estampa inusual al participar en un debate económico, cuando hasta la fecha ésta era una materia que tenía reservada su compañero José Blas Fernández. García hizo en primer lugar un repaso a toda la acción del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cádiz para justificar el origen de la deuda. Un planteamiento que le sirvió para lanzarse posteriormente al ataque al asegurar que los concejales populares eran capaces de votar a favor de la propuesta del equipo de Gobierno si pasaba a llamarse “auditoría de afines de Podemos y odiadores del PP para intentar desprestigiar hasta las elecciones a base de mentiras y medias verdades”. Un ejemplo de lo que está en juego a partir de ahora. 

A pesar de estar en plena negociación los presupuestos de 2018, no perdió la oportunidad el PSOE para poner en cuestión esta propuesta. En la primera intervención, Juan Cantero puso en duda la idea de auditoría ciudadana al afirmar que es “un concepto político inventado por los afines de Podemos”, por lo que “no es científico y parte de la premisa de que existe deuda ilegítima”, una expresión a la que también mostró su objeción por haber una “legitimidad democrática en el origen de las decisiones de gasto”. A esto añadió que “cualquier desvío está sometido a control judicial”. Por ello, y por el recorrido que el asunto de la auditoría ciudadana ha tenido a lo largo de toda la legislatura, Cantero calificó como “postureo” esta moción. Posteriormente, el portavoz socialista, Fran González, situó la iniciativa del equipo de Gobierno en el interés de “generar confrontación con tintes de espectáculo público para intentar desviar la atención de otras cuestiones”.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, se salió del guion habitual de sus exposiciones en su primera intervención al decir que esta propuesta es de las que “nos traen para que pasemos un rato entretenido”. Incluso, llegó a apostarse una comida a que esta cuestión “no nos llevará a ningún sitio”. Con todo, y tras hacer un repaso a las manifestaciones sobre la auditoría ciudadana en los últimos tres años, remarcó que “la deuda ya la conocemos, las partidas también las conocemos, las decisiones de gasto también las conocemos y hemos tenido la posibilidad de enjuiciar si son acertadas o no”. Por ello, y tras afirmar que el equipo de Gobierno tiene en su mano toda la información pero propone que el trabajo “lo hagan otros”, destacó que existe “la vía de reclamación judicial” para que “la parte de la deuda ilegítima la pague quien la generó”. Asimismo, reclamó tener acceso al borrador de los presupuestos municipales de 2018.

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