La familia de Dominga Ramírez Ureba, la anciana que falleció apuñalada en su partidito de La Viña en octubre de 1998, tendrá dos abogados en el segundo juicio que aborda el caso. Hasta ahora, dos hijas de la víctima estaban personadas como una acusación particular, pero han solicitado acudir por separado y el magistrado que preside el tribunal del jurado lo ha admitido. Cada hija contará con un letrado en la vista oral que comenzará el próximo lunes en la Audiencia Provincial con la elección del jurado y una posterior visita al lugar del crimen.

No será la única novedad en el segundo juicio por el crimen de La Viña, del que está acusada una pareja que era vecina de la víctima. En esta ocasión, el procesado, J.M.D.C., acude a la vista en libertad provisional. En junio de 2002, cuando se celebró el primer juicio, J.M. llevaba casi cuatro años en prisión preventiva . Su esposa, I.A., había permanecido un año en la cárcel pero entonces ya estaba el libertad provisional.

Los procesados tendrán pues enfrente a la Fiscalía, representada por la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, quien ya asistió al primer juicio, y a dos acusaciones particulares. La fiscal acusa a la pareja de haber asesinado a su vecina cuando entraron a robar en su casa y ella se despertó y los reconoció. Solicita para cada uno de ellos 23 años de prisión por los delitos de asesinato, robo y allanamiento de morada.

Los procesados fueron absueltos en el juicio con jurado celebrado en junio de 2002 tras un veredicto que los consideró no culpables. El jurado estimó que no fueron presentadas pruebas contundentes contra la pareja acusada, a quien nadie vio cometer el crimen y que negó haberlo cometido.

El procesado, detenido casi un mes después del asesinato, admitió que participó en el crimen cuando declaró en la Comisaría pero después lo negó en el Juzgado. En el juicio explicó que fue presionado y amenazado por la Policía para que se autoinculpase, algo que el jurado tuvo en cuenta al dictar el veredicto.

La Policía halló dos pulseras de oro durante un registro en el domicilio de los procesados, pared con pared con el de la víctima. Esas joyas eran de la difunta, según la Fiscalía, pero el jurado consideró que la identificación de las pulseras en el juicio por parte de las hijas de la víctima ofreció dudas y que la prueba quedó así desvirtuada.

Un testigo declaró en el juicio que el procesado le pidió que le vendiese unas joyas que fueron localizadas en manos del comprador e identificadas como pertenecientes a la víctima. Pero cuando le reclamaron precisión sobre cuándo ocurrió eso, el testigo dijo que la venta se produjo en fechas anteriores al crimen.

La sentencia absolutoria fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que marzo de 2003 ordenó repetir el juicio porque consideró que a la familia de la víctima no se le facilitaron las cosas para estar en el juicio como acusación particular con abogado de oficio. Poco antes del juicio, la hijas de la fallecida habían renunciado a ejercer la acusación.

La decisión del TSJA fue revocada en marzo de 2005 por el Tribunal Supremo. Posteriormente, el pasado octubre, el Tribunal Constitucional revocó al Supremo. La familia de la víctima acude al segundo juicio con abogados de pago.