Una forense ratificó ayer en la sexta jornada del juicio por el crimen de La Viña que el procesado le dijo el 16 de octubre de 1998, cuando se disponía a prestar declaración ante el juez, que el trato que había recibido en la Comisaría no había sido apropiado: que desde su detención lo habían amenazado con acusar de la muerte de Dominga Ramírez Ureba a su esposa y a sus padres y que había accedido ese día a declarar con la condición de que exculpasen a sus familiares.

El procesado relató la semana pasada que fue insultado y amenazado por la Policía durante su detención y que fue coaccionado hasta que aceptó declarar en la Comisaría una confesión que le dictaron. Agregó que eso se lo dijo en el Juzgado a una forense antes de prestar ante el juez una declaración en la que se declaró inocente.

La forense examinó al procesado a las diez y cuarto de la noche para ver si estaba en condiciones de prestar declaración ante el juez. En su informe anotó que lo vio "tranquilo, lúcido y coherente". También que el acusado le dijo que llevaba detenido desde el mediodía del jueves (era sábado), que no había podido dormir y que sólo había tomado agua: que no le apetecía comer.

Una de las principales pruebas con que cuenta la acusación contra el procesado es la declaración de éste en la Comisaría. En ella reconoció que entró a robar en la vivienda de su vecina y que ella lo sorprendió. Responsables de la investigación han negado que amenazasen al procesado pero han reconocido que estuvo fuera del calabozo, en otras dependencias, durante cinco horas antes de su declaración. La explicación: que estaba nervioso y pidió no permanecer en el calabozo.

El juicio llegó ayer a su sexta jornada. El crimen ocurrió la noche del 1 al 2 de octubre de 1998 en el partidito del número 4 de la calle Paco Alba en el que residía la víctima, de 79 años de edad. En el banquillo se sientan J.M.D. e I.A., un matrimonio al que la fiscal y las acusaciones particulares acusan de haber apuñalado a su vecina anciana cuando entraron a robar en su vivienda y ella se despertó y los reconoció. Ambos procesados afirman que son inocentes. Ya fueron juzgados en 2002 y fueron absueltos. Tras una largo proceso de recursos, el Tribunal Constitucional ordenó repetir el juicio porque la familia de la víctima no tuvo acusación particular en la vista oral.

Las hijas de la fallecida renunciaron a la acusación particular un mes antes del primer juicio cuando su abogada no quiso seguir (por un desacuerdo económico) y tras ser rechazada su petición de un abogado de oficio por la Comisión de Justicia Gratuita, según explicaron ellas mismas la semana pasada. Contaron también que el magistrado que presidió el tribunal del jurado les dijo que no podía retrasar el juicio y que un nuevo abogado no tendría tiempo para ponerse al día e ir bien preparado. Que también les explicó que la familia de la víctima estaría defendida por la fiscal. Tras la sentencia absolutoria, las hijas de la víctima se personaron de nuevo como acusación particular, recurrieron la resolución y el TSJA ordenó repetir el juicio al considerar que el magistrado debió facilitarles directamente un abogado de oficio. El Supremo revocó después esa decisión pero luego el Constitucional la avaló.