-P- ¿Me puede explicar qué está pasando con los Servicios Sociales? ¿Ha sido un problema de gestión política?

-R- Es difícil de explicar. Los Servicios Sociales siempre han ido por encima en programas respecto a otra capitales. Nunca ha habido ni un problema hasta que de repente se ha producido un conflicto en la fórmula llevada a cabo para la adjudicación de los pisos de el Matadero, que no olvidemos que en un principio estaban destinados a realojos por la rehabilitación del casco antiguo. Al final, en esta promoción se han realizado realojos para familias cuyas viviendas estaban en mal estado o una docena que estaban afectadas por la propia obra pues vivían en las casas que estaban en este solar. Todos fueron realojos sociales a través de los informes elaborados por el personal de Servicios Sociales, aunque no voy más allá porque hay un procedimiento judicial en marcha.

Junto a ello, se ha producido un conflicto con el Programa Concertado (que afecta a 24 trabajadores sociales). La aportación de la Junta de Andalucía y el Estado pasó a la mitad, de 1,2 millones de euros a 600.000. El Ayuntamiento se encargaba de poner otro tercio de esta actuación. Este dinero era para pagar al personal y para pagar las ayudas que se dan. Si nos hubiésemos limitado a abonar nuestra parte nos hubiéramos quedado sin fondos para atender a las demandas de los ciudadanos, por eso el Ayuntamiento puso más.

Al principio del programa, como no estaba claro cuánto iban a destinar la Junta y el Estado, optamos por realizar contratos por seis meses, esperando a ver cómo quedaba la financiación. En otros ayuntamiento andaluces, por contra, eliminaron el programa en 2012 cuando comenzaron los recortes. Lo que no puede ser es tener personal pero no contar con dinero para ayudar a las familias; creo que éstas no lo comprenderían. Los propios trabajadores sabían que los contratos eran por seis meses, por lo que no han sido despedidos, a la espera de comprobar los fondos que nos llegaban.

Ante esto no me puedo explicar el porqué de esta protesta. Si hay otras connotaciones, ellos sabrán.

(Martínez se levanta y coge de uno de los armarios de su despacho varias voluminosas carpetas. Son peticiones de ayudas para gente con necesidades en la ciudad, algunas firmadas por concejales de la oposición municipal "¿Qué pasa?¿Qué pasa, es que no podemos escuchar a la gente?", se pregunta)

Yo valoro positivamente a este personal. Realizan una tarea complicada, pero también tienen que entender el esfuerzo importante que, en materia de Servicios Sociales, realiza este equipo de Gobierno. No hay ningún ayuntamiento que con esta población invierta 14 millones de euros en políticas sociales. Este mismo año vamos a acabar con 2,5 millones de euros en ayudas destinadas al pago de alquileres de vivienda y de hipotecas. Mi mayor respeto a los trabajadores sociales y mi admiración hacia quienes los dirigen, pero no logro una explicación lógica a este conflicto, cuando no fueron despedidos si no que se le acabaron los contratos.

Nosotros vamos a seguir atendiendo a todas las familias que los necesiten con todos los recursos que sean necesarios. Pero ello nos obliga a financiar plazas en las residencias que debería de corresponder a la Junta de Andalucía. Y sin embargo a la Junta no se le exige nada ni desde los grupos sociales, políticos o mediáticos, cuando es su obligación concertar plazas y dar más ayudas. Frente a ello, la oposición no se atreve a reclamar a la Junta y sí al Ayuntamiento.