Nuevo capítulo en el cruce de acusaciones entre la Mesa de Pobreza Energética y el concejal popular y presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández, con motivo del bono social eléctrico. En una rueda de prensa ofrecida ayer por los integrantes de la mesa, éstos evidenciaron la necesidad de poner en marcha el bono eléctrico. Para éstos, la parálisis de la situación es culpa de Blas Fernández. En los diferentes turnos de palabra sobresalió la intervención de Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos, quién criticó el estado de la Fundación Eléctrica de Cádiz, el organismo que según el plan creado por la mesa debería encargarse del bono social, previa donación económica de Eléctrica de Cádiz. Asimismo, Lara admitió que ya existen ayudas en cuestiones energéticas, y recordó que preservar el derecho a los suministros básicos no debe depender de la caridad de las asociaciones sino de las administraciones públicas.

Por su parte, la marea blanca gaditana subrayó que "la defensa de la sanidad pública no es sólo una cuestión de médicos, ni de enfermeros, ni de auxiliares sino que es un problema de preservar la salud, que está en grave riesgo con la pobreza energética". En la misma línea se pronunció el representante de la mesa de transición energética, quien criticó a José Blas Fernández por no estampar su firma en los documentos. Sobre él dijo que "una persona sola no puede poner en jaque a toda una ciudad". Además, pidió al edil que "nos dijera a la cara porqué tiene retenida esta firma del bono social". Por último, la mesa de pobreza energética avisó que iniciará un calendario de movilizaciones "urgentes" si la situación no cambia.

En el otro lado de la historia, José Blas Fernández, el presidente de la nombrada fundación, declaró a este periódico que la donación de 2,4 millones por parte de Eléctrica de Cádiz a la fundación para este bono no se puede producir hasta que no haya garantías de que se trata de una operación legal y sin dudosas consecuencias fiscales que puedan ser perjudiciales. Para Fernández, "el fin que tiene esto es que Eléctrica de Cádiz desgrave 1,7 millones de euros por las ayudas. Por eso, en el gobierno local no buscan a otra fundación".

De hecho, este diario ha podido acceder a una consulta elevada por José Blas Fernández a principios de este año a la Dirección General de Tributos. En ella se pregunta sobre el "tratamiento fiscal" que deberían tener las donaciones recibidas por la fundación, entre otras cuestiones fiscales que se plantean en el escrito.

"En el consejo de administración de Eléctrica se acuerda consultar a Hacienda. El señor Navarro (presidente de Eléctrica de Cádiz) dice de hacerla a través del interventor municipal. No se ha hecho la consulta a Hacienda sobre este bono social y he requerido que me diga por qué no se hace", puntualizó Fernández.

Por tanto, uno de los principales motivos por los que el edil sigue sin rubricar los convenios del bono social es por sus "dudas" en torno a la viabilidad fiscal de todo lo circundante a estas ayudas. "No puedo entrar a firmar algo donde yo, por un brindis de Podemos que llevaba en su programa, pueda incurrir en una situación delictiva y poner en riesgo mi situación profesional", aclaró. Y avisó sobre las presiones que dice recibir del gobierno local y de varios colectivos: "No estoy dispuesto a la más mínima coacción y esto puede ser un delito. Yo no firmo porque no debo firmar, porque tengo un informe que me dice que no firme. Cuando me diga la dirección de tributos que yo firme, queda la segunda parte y es que Endesa (integrante de Eléctrica de Cádiz) esté de acuerdo".