Ninguna de las cinco dependencias municipales de Cádiz analizadas por la Unión de Consumidores de Andalucía cumple al cien por cien la normativa legal de accesibilidad para las personas con problemas de movilidad. Los promotores del informe no se lo esperaban. "Pensábamos que a estas alturas el resultado demostraría que el estudio era innecesario, pero nos sorprendimos, puesto que es la Administración la primera que no cumple con las normas", dijo ayer José Carlos Cutiño, secretario de relaciones institucionales y de mercado de UCE-Andalucía, en la presentación en Cádiz del Estudio sobre la accesibilidad a edificios públicos municipales para personas con discapacidad, que la organización ha hecho en todas las capitales de provincia andaluzas.

El estudio se ha centrado en las dependencias municipales que teóricamente deben estar más cercanas a la gente: gestión de impuestos, urbanismo, participación ciudadana, atención social y medio ambiente. La primera conclusión es que ninguna de estas dependencias cumple del todo la normativa, lo cual "equivale a no cumplirla y alejar de hecho a los ciudadanos", según Miguel Ángel Ruiz, presidente de la UCE en Cádiz, quien resaltó la importancia de "la cadena de accesibilidad". "Es decir, que con que en una oficina falle sólo el itinerario hasta ella, o el aseo, o el ascensor o el mostrador adaptado, la movilidad del discapacitado queda cortada".

El informe detalla que Cádiz "arroja los mejores resultados en el cómputo general", pero eso no es suficiente para que Ruiz pueda decir que la situación esta bien. "Podemos decir que Cádiz, junto con Granada, obtienen el suspenso más alto", precisó Gonzalo Rivas, secretario general de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, colaboradora en la elaboración del estudio.

Los presentes quisieron hacer hincapié en la contradicción que supone que precisamente la Administración municipal, encargada de velar por que se cumpla la normativa, tenga aún tantas deficiencias cuando debía ser "la primera en dar ejemplo". Piensan en la UCE que las administraciones no están concienciadas, sobre todo en que la cadena de accesibilidad debe estar garantizada en su totalidad.

La UCE va a desarrollar próximamente una campaña de concienciación a la ciudadanía para que respete los aparcamientos reservados a discapacitados. Además, piensa ampliar el estudio presentado ayer con un chequeo de las dependencias de las otras administraciones.