La causa penal contra el catedrático y doctor en Química de la Universidad de Cádiz Ángel del Valls la inició él mismo. El pasado 20 de marzo de 2017 acudió al juzgado de instrucción número 1 de Cádiz, el que ese día estaba de guardia, para decirle al juez, para propia sorpresa del juez, que se presentaba allí para denunciar que él, sin ayuda de otros, había desfalcado dinero de los fondos europeos Wacoma, un máster interuniversitario Erasmus en Gestión de Agua y Costas, del que era coordinador. Que se había quedado con dinero público. Esta autoinculpación, tan poco habitual, se produjo al saberse investigado por la unidad de interventores de la UCA, que habían detectado durante un periodo de casi diez años que las facturas presentadas por Valls no se correspondían con el material existente en su departamento, dedicado a la investigación de la contaminación costera. Además, había dudas sobre viajes y dietas costeadas por estos fondos. En total, la auditoría de la UCA cifraba el dinero volatilizado, que tendrían que haber sido empleado en investigación, en no menos de un millón de euros.

La confesión de Valls ante el juez no llegaba tan lejos, por lo menos en cuanto a cantidad. Admitía haber comprado material como hornos y frigoríficos especializados para sus funciones (fueron los aparatos que él puso como ejemplo) y que, a continuación, había utilizado algunos de ellos para su uso personal, lo que se podría entender que para su venta, ya que él sólo entregaba facturas. Como coordinador él no manejaba dinero personalmente, explicó ante el juez, sino que hacía un planteamiento de necesidades para acometer los proyectos que los fondos europeos consideraban ser apoyados económicamente, un supervisor autorizaba sus compras y él presentaba las facturas de las compras. Otra cosa es que esos aparatos no estuvieran en su departamento ni que durante años nadie se diera cuenta de que lo adquirido no había forma de inventariarlo.

La otra manera de apropiarse de los fondos tenían que ver con viajes y firmas de dietas. Entre unas cosas y otras, en "una aproximación doméstica", según sus propias palabras ante el juez, la cantidad defraudada desde el año 2011, y fue él quien puso esa fecha, sería de unos 20.000 euros. Tras finalizar su autoinculpación y mostrar su arrepentimiento depositó esa cantidad, 20.000 euros, en el juzgado, si bien se reservaba otra posterior confesión en el caso de que avanzara la investigación. Y la investigación no paraba de avanzar y de irse años y años atrás.

Esta cantidad no satisfizo a la Universidad, que una semana después, el 28 de marzo, hizo una ampliación de una denuncia presentada en la Fiscalía con anterioridad. En concreto, el 22 de febrero, la primera vez que la Justicia tiene constancia de lo que está sucediendo. La UCA insistía en que la cantidad que había desaparecido era muy superior a la admitida por Valls. Ante esta apelación, el juzgado número 4, que era el que se había hecho definitivamente antes del verano con esta causa, ordenó el embargo de sus propiedades, dos chalés, uno en Vistahermosa y otro en Valdelagrana. Los investigadores temían que pudiera deshacerse de estas propiedades antes de responder por la cantidad estimada por la UCA. Un chalé y otro en su valor de mercado podían aproximarse al dinero que la Universidad va a reclamar que sea restituida.

El abogado de Valls, Felipe Meléndez, sostiene que su defendido, sobre el que se cierne una posibilidad más que probable de acabar en la cárcel por malversación, falsedad documental y estafa, no pudo haber alcanzado semejante cantidad de extravío, "ya que hay materiales comprados que sí existen en el departamento y los viajes se hicieron".

En todo este tiempo, Valls sólo ha realizado una declaración ante el juzgado, la confesión. No ha sido citado por la Policía, cuya unidad de delitos económicos lleva el caso, e incluso el juzgado le ha permitido salir del país. El pasado noviembre Valls, al que se le considera una eminencia en todo lo que se refiere a sedimentos marinos, estuvo dos semanas en la universidad de Santa Cecilia, en Sao Paulo, donde impartió clases de doctorado. Entregó en el juzgado una copia de su billete de ida y vuelta. Además, se ofreció a personarse en el consulado español de esta ciudad brasileña, algo que el juzgado no estimó necesario. Cumplió y regresó. Argumenta Valls que, al haber sido suspendido de empleo y sueldo por la UCA, se ve obligado a ofrecer cursos fuera de Cádiz. Apenas tiene ingresos y dos hipotecas.

Su batalla ahora es con el proceso paralelo administrativo de la Universidad, que le impide seguir ejerciendo la docencia. En el lado administrativo de la causa (la penal sigue otro curso) Valls fue suspendido de inmediato de sus funciones como coordinador de este máster y gestor de estos fondos; él lo asumió. Sin embargo, la suspensión de sueldo y docencia es algo que recurrió y el pasado 25 de enero hubo una vista a la que acudió la representación legal de la Universidad y el propio Valls. Valls defendía que su comportamiento irregular con los fondos no anulaban su capacidad de enseñar, por lo que mientras se aclararan los hechos que él mismo había confesado podía seguir acudiendo a las aulas.

La Universidad argumentó que se trataba de un servidor público que había traicionado la confianza de sus superiores y que "entraña un grave riesgo para la institución académica". "¿Qué riesgo tiene dar clases de química? No hablamos de un señor que se dedique a la agresión sexual a alumnos ni que estalle los laboratorios", se defendió en esta ocasión en la vista a través de su letrado.