La intervención del Ejército y la mediación del Cuerpo Consular

En los tres días siguientes los ánimos de fueron caldeando ostensiblemente, pues a las noticias que llegaban de El Puerto de Santa María, donde las demandas de los braceros no pudieron ser atendidas, se unieron las llamadas de las autoridades para que los Voluntarios entregaran las armas. Como telón de fondo, los rumores cada vez más persistentes de una intervención militar, lo que determinó que el día 5 aquellos se sublevaran y formaran barricadas, una vez que el Gobernador Militar de Cádiz, Joaquín Peralta, decidiera declarar el estado de guerra, ante una situación "que nos lleva a la disolución de la sociedad".

Fue entonces cuando en la plaza de San Juan de Dios, ante lo que parece el disparo fortuito de un miliciano frente a una sección de soldados, se desató un intenso tiroteo. Los milicianos se hicieron fuertes allí y asaltaron el Ayuntamiento, sin que los militares consiguieran controlar la situación. Estos enfrentamientos se prolongaron de forma violenta durante los tres días siguientes, exhibiéndose letreros con "¡Vivas a la República!". En medio del caos, empezarán a aparecer cadáveres por las calles, levantándose más barricadas y ubicándose cañones en ciertos puntos estratégicos de la ciudad, incluido uno en el propio balcón del Ayuntamiento. También se cortaron los cables del telégrafo y parte de la vía férrea, por lo que la ciudad quedó incomunicada por tierra. Entretanto, parte de la población gaditana, presa del pánico, abandonó la ciudad por la Puerta del Mar. Luis Mejía y Escassi, testigo presencial, escribiría que "el aspecto de Cádiz era el de un campamento militar".

Llegados a ese momento, el Cuerpo Consular acreditado en Cádiz decidió mediar, acordándose, por reunión habida en el domicilio del Cónsul de Dinamarca, M. Christophersen, entre una comisión cívica formada en el Casino Gaditano y representantes de los republicanos, un armisticio que duró cuarenta y ocho horas y que sirvió para ir templando algo los ánimos. Con todo, tras estos días de barricadas el general Caballero de Rodas, que obedecía órdenes muy expeditivas, envió un ultimátum conminando, de nuevo, a los milicianos al abandono de las armas. Tras dilaciones y reticencias entre ellos mismos finalmente accedieron, acordando depositarlas en el consulado de los Estados Unidos, si bien, ojeando las Actas Municipales, vemos cómo el general Caballero, "dispuesto a llevar las cosas al más alto grado de rigor" se negó a ello, "no pudiendo consentir -según comunicó al alcalde- un acto de humillación tan depresivo para la Nación Española como será la entrega de las armas al representante de una extranjera". En uno de los pasquines impresos en la redacción del periódico La República Federal se podía leer que "si es necesario que Cádiz arda, arderá". Todavía el día 11, la Corporación Municipal que presidía Francisco Hidalgo, sensiblemente disminuida y desbordada por los acontecimientos, "con riesgo de sus vidas", celebró pleno en el edificio del Tribunal del Comercio, ya que había sido desalojada a punta de carabina del Ayuntamiento seis días antes. Por su parte, para El Comercio, de tendencia conservadora, estas revueltas solo servirían para "consumar la ruina de Cádiz".

La información en Diario de Cádiz

Como no podía ser menos, al igual que el resto de la prensa local, Diario de Cádiz, que apenas año y medio antes había visto la luz y que desde el día 5 no volvió a publicarse hasta nueve días más tarde, siguió con singular atención estos acontecimientos que calificó de "lucha sangrienta y destructora". Abrió su información el 15 de diciembre mostrando su extrañeza por la declaración del estado de guerra del día 5 "porque no se había notado la noche antes indicios de que se hubiese alterado el orden", ni tampoco haberse comunicado a autoridad civil alguna, pues, hasta "el Municipio ignoraba esta disposición". A continuación, al referirse a aquellas dramáticas jornadas, mostró un panorama desolador de la ciudad: "Era imposible transitar por ninguna de las calles… Los muertos permanecían en algunas sin que fuese posible conducirlos a ninguna parte... Los proyectiles penetraron en la sala de sesiones del Municipio y del despacho del Alcalde, destruyendo cuanto se encontraban al paso… En los edificios de San Juan de Dios todas las puertas de los balcones están desvencijadas por las balas y rotos los cristales… La ansiedad de la población era terrible". No obstante, como síntomas ya de normalidad, el día 16 informaba que "los serenos han comenzado ayer el servicio ordinario de la ciudad desde el oscurecer", y el 24 anunciaba que en el establecimiento de fotografía situado en la calle San Francisco núm. 36, estaba a la venta "por 4 reales la verdadera vista del ataque de la plaza de San Juan de Dios con todos sus cadáveres".

Balance final

Los Voluntarios acabaron rindiéndose ante el Ejército y, consecuentemente, los altercados fueron menguando. El 15 de diciembre las tropas entraban por las Puertas de Tierra y se hacían con el control de la ciudad, siendo el balance final de 56 muertos y 198 heridos de cierta consideración. Por su parte, Fermín Salvochea junto con Eduardo Benot y otros cabecillas fueron detenidos y encerrados en el castillo de Santa Catalina, acusados de ser los máximos instigadores de todo lo sucedido, si bien el obispo, Fray Félix María de Arriete, que siempre mantuvo la dignidad del cargo favoreciendo a los más indefensos, llegó a pedir al presidente del Gobierno el día 18 clemencia para con los sublevados. En el sumarísimo Consejo de Guerra a que fue sometido Salvochea, que entonces tenía veintiséis años, fue declarado máximo responsable y, a la pregunta del por qué de todo aquello, en su descargo respondió, que "he tenido el honor de ser obedecido por todos mis compañeros defensores de los hollados derechos del pueblo" y que los verdaderos culpables habían sido "las autoridades civiles y militares por su conducta antirrevolucionaria". Fue condenado a diez años de destierro en Ultramar, aunque, puesto en libertad a los dos meses, otra vez fue de nuevo detenido y amnistiado en 1871. Presidente del cantón de Cádiz y alcalde de la ciudad durante la Primera República, se le condenó a cadena perpetua tras el final de la misma y, de nuevo, amnistiado en 1885. Murió en 1907.

Así, pues, concluyeron estos trágicos sucesos de diciembre de 1868, 'el año de los tiros' en el imaginario popular, sobre los que Diario de Cádiz hizo esta concluyente valoración: "No hay memoria en la historia del pueblo gaditano de un acontecimiento semejante".