Cádiz

El alcalde acusa al PP de "aplicar el 155" a Madrid por la intervención de las cuentas del Ayuntamiento

  • José María González considera intolerable que se quiera penalizar a un Consistorio por aplicar políticas sociales

El alcalde, José María González.

El alcalde, José María González. / J. Pino

El alcalde de Cádiz, José María González, muestra su rechazo “al ataque autoritario contra el Ayuntamiento de Madrid perpetrado por el Gobierno del Partido Popular a través del Ministerio de Hacienda”. González considera que se trata de “una aplicación del 155” contra un Consistorio con superávit y con las cuentas saneadas, que únicamente “quiere aplicar políticas sociales e invertir en mejorar la vida de la gente”.

El Ayuntamiento de Cádiz considera que es una medida “absolutamente arbitraria y sin base argumental” aplicada por el reprobado ministro de Hacienda, Cristobal Montero. “No podemos consentir esta embestida directa a los derechos de las madrileñas y madrileños que, democráticamente, eligieron un cambio en la gestión de su ciudad. El PP ha tomado como costumbre atacar la soberanía de los municipios, ya lo hemos sufrido en Cádiz y Zaragoza con las denuncias de Subdelegación a los procesos de municipalización”, sostiene el regidor, quien considera más necesarios que nunca espacios como la red de municipios contra la deuda y los recortes. 

Asimismo, González expresa toda su solidaridad y la unión de los Ayuntamientos del cambio en la lucha que llevan a cabo para que las instituciones vuelvan a pertenecer a la ciudadanía: “El Partido Popular quiere que las instituciones sigan siendo un coto privado para favorecer a sus afines, por eso adoptaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la modificación del 135, y eso se acabó. No lo vamos a permitir”.

Por último, el alcalde de Cádiz recuerda que en estos dos años de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid ha reducido su deuda en más de un 40 por ciento y disfruta de un superávit de más de mil millones: “No hay duda de que estamos ante una decisión política en contra de aumentar la inversión social en más de un 74 por ciento”.

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