Los abogados sevillanos Fernando Osuna Gómez y Alejandro Álvarez Rivero han presentado un escrito ante el Ministerio de Fomento, con fecha de 3 de febrero de 2018, en el que solicitan formalmente la supresión del peaje de la AP-4 por el "interés público" de todos los ciudadanos que utilizan esta autopista y tienen el perjuicio de un coste "totalmente desorbitado" durante casi 50 años de vigencia.

Así, en su escrito, los letrados interponen una reclamación económico-administrativa contra el contrato de concesión de servicios al entender que "ya han finalizado las obras" de la citada vía y "se ha recuperado dicho coste por parte de la empresa".

En mayo de 2005, un acuerdo de la Junta de Andalucía con la concesionaria de la AP-4 ya liberó el peaje en el tramo Jerez-Cádiz, que por entonces valía 1,05 euros. En aquella época, el Gobierno andaluz pagó por ello 72 millones de euros, divididos en pagos que se irán haciendo efectivos hasta 2019, según contempla el acuerdo. "Hay que tener en cuenta que este peaje de la AP-4 estaba previsto que durara cinco años y cuatro meses, y no los casi 50 años que lleva", señalan.

Asimismo, los abogados apuntan que este nuevo año 2018, "en vez de eliminar el peaje en beneficio de todos los usuarios, ha subido diez céntimos, situándose la tarifa para un turismo en 7,30 euros". El tráfico en la AP-4 ha aumentado durante el primer semestre de 2017, superando en junio los 24.000 vehículos al día y recuperando los niveles del año 2010. Es por ello que insisten en que, "después de casi 50 años, están suficientemente pagados los gastos de la obra y se debería eliminar el peaje".

En el documento entregado al Ministerio de Fomento, alegan, como causa de extinción de la concesión, que el mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario extingue la concesión "en cualquier tiempo", así como el rescate del servicio hecho por la Administración, entendiendo éste como "la declaración unilateral de la Administración, discrecionalmente adoptada, por la que da por terminada la concesión no obstante la buena gestión de su titular, en la forma y bajo el régimen establecidos en el Reglamento General de Contratación".

El acuerdo de rescate se adoptará por el Consejo de Ministros, si bien, en ningún caso, dicho acuerdo podrá adoptarse antes de que transcurra el 25 por 100 del periodo concesional.

Según precisan los letrados en su escrito, también sería causa de resolución del contrato de concesión de obras públicas la supresión de la explotación de la obra pública "por razones de interés público". En este punto, indican que el rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.

El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración concedente, en buen estado de conservación y uso, de las obras incluidas en la concesión, así como de los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y de los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial, si la hubiera, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Por su parte, la Administración tendrá que abonar al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón de la explotación de terrenos, ejecución de otras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación. En este sentido, los letrados consideran que, después de casi 50 años de concesión, "está plenamente abonado y recuperado este importe de inversión".

Así las cosas, Fernando Osuna y Alejandro Álvarez solicitan la supresión del contrato de concesión de servicios de la autopista AP-4, habiendo finalizado ya las obras y habiéndose recuperado dicho coste, por lo que entienden que, en este caso, "prima el interés público de todos ciudadanos".