El primer teniente de alcaldesa de Hacienda y Contratación en el Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, manifestó ayer que "se trata de una ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la que impide que se bareme la contratación de gaditanos en los pliegos de condiciones de las obras que se adjudiquen a través del propio Ayuntamiento". En concreto, se trata de la ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 1 de mayo de 2008.

Según consta textualmente en el informe 3/09, de 25 de septiembre de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, que aborda establecer un criterio de adjudicación del contrato que consistiese en la valoración del compromiso de emplear en su ejecución personas desempleadas inscritas en una determinada oficina de empleo: "No es admisible, de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley de Contratos del Sector Público el establecimiento en los pliegos de criterios de adjudicación que valoren empleo en la ejecución del contrato de personas desempleadas inscritas en oficinas de empleo correspondientes a un determinado lugar geográfico".

Teniendo como base este documento, según José Blas Fernández, la misma Junta Consultiva indica en sus conclusiones que "no es admisible una condición de ejecución que exija la contratación de un cierto porcentaje de personas que estén inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo correspondientes a un determinado lugar geográfico". Todo ello justificado en que sería discriminatorio con respecto al resto de trabajadores tanto españoles como del resto de la UE.

Por eso, Fernández no puede comprender cómo la concejala socialista "puede convertirse en una simple vendedora de humo, que siempre pone de manifiesto su falta de conocimiento de cómo funciona una administración como es el Ayuntamiento". Además, lo que tampoco puede entender el edil de Contratación es "cómo es capaz de utilizar a los parados para hacer política", cuando es su propio "partido el que, a través de una ley, no permite que se valore esa condición de contratar a personas de un determinado punto geográfico". Para Fernández, Meléndez es capaz "de vender a quien sea, con tal de salir en la prensa".

Por otra parte, el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz, Bruno García León, ha mantenido sendas reuniones con los parados encerrados en el convento de Santo Domingo y en la Iglesia de San Lorenzo. En dichos encuentros, García León les ofreció los servicios del Instituto de Fomento para poder centralizar la información curricular de los afectados.