El concejal de Vía Pública, Martín Vila, ha cargado esta mañana contra el presidente de Horeca, Antonio de María, por no participar el pasado martes en la primera sesión de trabajo para la elaboración de la nueva ordenanza municipal que regulará la instalación de terrazas para los establecimientos hosteleros. Vila acusó a De María de mostrar "un escenario un tanto catastrofista o apocalíptico” sobre la incidencia que va a tener esta nueva normativa en los veladores, sobre todo por haberse pronunciado "antes de conocer el borrador” y luego haber asegurado que "iba a provocar que todas las terrazas de la ciudad iban a desaparecer”.

Ante las críticas, el edil reiteró que la intención de la nueva ordenanza, cuya fase de participación se acaba de empezar, es "ordenar, regular y dar seguridad jurídica”, de manera que "se pueda compatibilizar la actividad hostelera, el paso de personas con movilidad reducida y la calidad de las estancias peatonales”, haciendo que se tenga "una ciudad mucho más amable”.

Por ello, reclamó al presidente de Horeca que en la próxima sesión, dentro de dos semanas, "se pronuncia y hable de cuestiones concretas, pero dejando atrás cuestiones infundadas”.

En otro orden de cosas, Vila volvió a manifestar la opinión del equipo de Gobierno sobre su posición por la presencia de los mulos tirando de la carreta de la hermandad del Rocío en la magna mariana del próximo 24 de junio. El edil reseñó que la nueva ordenanza de animales recoge que el Ayuntamiento "no colaborará con espectáculos en los que se utilicen animales”. Por ello, Vila invitó al Rocío a que haga lo mismo que su homónima en Écija en la magna mariana que se celebró en 2015, en la que una persona portó el simpecado. Por ello, afirmó que "si es interés de la hermandad portar el simpecado, pueden hacerlo sin los mulos”.

Asimismo, respecto a la colaboración municipal en la procesión, Vila reconoció que, como sucede con la salida de la hermandad del Rocío camino de Almonte, en la que sí se utilizan los mulos de la discordia, el Ayuntamiento está obligado por "imperativo legal” a montar un dispositivo de seguridad dirigido por la Policía Local, tal y como se hace para salvaguardar el "derecho de reunión o de manifestación religiosa”.