Cada vez son más y más indignados los vecinos "afectados" por las obras de instalación de 22 ascensores en la barriada de Loreto -beneficiarios de la convocatoria de subvención de la Junta-, que más que la alegría que debe suponer la eliminación de barreras arquitectónicas y la accesibilidad a sus viviendas, aseguran estar viviendo una pesadilla. Por este motivo y ante los últimos acontecimientos, han creado la Plataforma de Afectados por Instalación de Ascensor en la Zona Privativa de Vivienda, con el fin de ir a por todas.

Así lo confirma Juan de Dios Delgado, representante de esta entidad, junto a su mujer, Adela, y otros afectados como Santiago, Manuel, Antonio y Sebastián, que explican los motivos que les ha llevado a dar el paso ante la "falta de información y de transparencia" en este proceso de adjudicación a la empresa Vía Augusta. Una empresa que se ha abstenido de hacer declaraciones.

Hacen un llamamiento a los vecinos para que se unan por otra alternativa no invasiva

La indignación llega porque varios vecinos de estas comunidades donde están a punto de iniciarse las obras han denunciado judicialmente el proceso con el fin de impugnar las actas debido "a irregularidades cometidas", por lo que se extrañan de que no se paralicen las obras "a la espera de la vista judicial".

Esta denuncia ha sido entregada a Vía Augusta por parte de su abogado, tras lo que esta empresa tuvo a bien anunciar en una nota en las fincas que "el acta de comunidad ha sido impugnada judicialmente por numerosos defectos de forma". En este mismo documento, que recoge las palabras del abogado de los afectados, se advertía de que "abandonen cualquier intento de comenzar obra en la finca". La sorpresa llega cuando junto a esta nota Vía Augusta "comunica en otra que las obras comenzarán el 12 de julio, ignorando por completo lo anterior".

Pero esto no para aquí, pues aseguran que en la vivienda de algunos de estos denunciantes se han presentado "con un requerimiento notarial en el que reclaman que estamos obstaculizando la obra cuando está empezada, algo que es mentira".

Recordar que esta convocatoria en la que la Junta subvenciona el 50 por ciento -de los 100.263 euros con los que se ha aprobado cada proyecto- salió el pasado año con poco tiempo para acogerse a ella, y en pleno verano. Los vecinos narran que fue cuando entró en acción la empresa adjudicataria de todos los ascensores, que funcionaron, según la decena de comunidades sondeadas por este periódico, a través de reuniones exprés. En ellas ofrecían -"y ya lo hacen a la remesa de comunidades que quieren captar para la convocatoria de este año", explica uno de los asistentes a una reunión reciente- la posibilidad de tramitarlo a modo de paquete cerrado, con asesoría de principio a final, listo para firmar y pagar en las cuotas establecidas.

El problema aparece cuando muchos de estos vecinos tienen que ceder parte de sus viviendas -parte de sus terrazas lavaderos- para su instalación, según el proyecto ofertado por la empresa, que es prácticamente igual al primer ascensor que se hizo en la barriada en la calle Carlos Haya, 4. "Nos quitan ventilación y luz, y no se contempla de forma rigurosa la indemnización perteneciente a esta expropiación, ni los costes que supondrá el cambio de escrituras por los metros de menos que tendremos", explica uno de los afectados, que apostilla que lo han resuelto con 700 euros.

Por este motivo, y amparados en los requisitos solicitados por la Consejería de Fomento en cuanto a la documentación a entregar, como es la presentación "obligatoria" de tres presupuestos de diferentes empresas justificando el elegido, decidieron actuar, pues aseguran que no han votado dichos presupuestos.

Por ello están estudiando otros proyectos no invasivos con sus zonas privativas. Aunque tampoco les ha ido bien en este nuevo paso, pues uno de los anteproyectos de otro arquitecto que ve viable la construcción por el hueco de la escalera ha contado con un informe desfavorable por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Esto les causa aún mayor malestar cuando comprueban que en esta misma convocatoria y en otros municipios como Jerez, se han realizado obras por las escaleras "en edificios de exactamente la misma tipología que los de la Barriada de Loreto, de modo que es el técnico municipal quien han impedido el cambio del proyecto". En este apartado los vecinos inciden en que están esperando "que el concejal de Urbanismo, Martín Vila, nos reciba", aunque el Consistorio les ha contestado que los recibirá un técnico.

La cuestión es que la respuesta al informe ya la colgó Vía Augusta previamente, aseguran los vecinos, que sospechan que fue solicitado "a través de un administrador de finca afín a la empresa".

Con todo, el informe es desfavorable porque las medidas de la cabina del ascensor propuesto es menor al de uno estándar, por lo que "esta propuesta no soluciona en ningún momento la accesibilidad para personas en sillas de ruedas y se disminuye notablemente el ancho de escaleras". Aparte de mencionar "la reducida iluminación y ventilación del núcleo de escalera". Resuelve diciendo que "salvo superior criterio", se considera que la configuración de bloques de Loreto permite la implantación de ascensores accesibles. Si bien, los integrantes de la plataforma contemplan que "no se ha tenido en cuenta la forma en que nos reduce la luz y ventilación a las viviendas".

En este punto, el Código Técnico de Edificación permite mejorar las condiciones de accesibilidad, si la mejora es viable, en edificios ya existentes permitiendo medidas por debajo de la estándar, sin que con ello se invada el terreno privado, que es lo que defienden los denunciantes, "y donde cabe una silla de ruedas", aseguran.

Así que según reza en los puntos de la plataforma, "no se oponen a la instalación del ascensor", pero abogan por realizar "los ajustes necesarios en materia de accesibilidad como la propia Junta insta. También defienden los ajustes económicos, pues han localizado alternativas a menor precio. Y apuestan, por último, por la recuperación de la convivencia de la barriada, "que se han cargado estos señores".

Con más de treinta firmas recogidas, hacen un llamamiento a todas aquellas personas afectadas que quieran adherirse para "luchar" junto a ellos, que tras tomar las primeras acciones legales a título individual estudian acudir a "instancias superiores".