Una treintena de vecinos de la Plataforma afectados por instalación de ascensores en la barriada de Loreto acudieron ayer a entregar un escrito a la Fiscalía de Cádiz con el fin de informar de su situación. La "desesperación" ha llevado a estos vecinos procedentes de veinte comunidades distintas a "poner en conocimiento de esta Fiscalía del proceso llevado a cabo" en la adjudicación para las obras de instalación de ascensores subvencionados por la Junta en 22 comunidades.

En resumen y tal como han contado a este medio en varias ocasiones, denuncian "la falta de transparencia en el proceso y muchas irregularidades, aprovechando la desinformación, necesidad y edad de la mayoría de los vecinos", al haber sido adjudicado a una "única empresa, Vía Augusta" la instalación de un ascensor por zona privativa, sin haberse sometido a votación los tres presupuestos que estipula las bases para conceder la subvención, pese a que "la Junta de Andalucía mantiene que sí han presentado, sin que nadie lo haya visto ni votado", afirma Juan de Dios Delgado, representante de esta plataforma vecinal. En su caso, el arranque de la obra en su comunidad, aprobada el pasado año, está paralizada como consecuencia de la denuncia judicial que interpuso a fin de impugnar las actas debido "a las irregularidades cometidas".

Tras la creación de la plataforma, el alcalde y el concejal de Urbanismo, Martín Vila, convocaron una reunión en la que se trató este asunto. En ella se puso de manifiesto que las "comunidades son soberanas", algo con lo que no están de acuerdo, pues tras "decirnos el técnico que otros proyectos alternativos presentados -aunque con posterioridad- eran viables", insistieron en la idoneidad de apostar por el proyecto inicial, que se acogen a las medidas estándar que recoge el Código Técnico de Edificación.

Estos otros proyectos por zonas comunes y no privativas también se acogen al Código Técnico de Edificación, que permite medidas por debajo de lo estándar para mejorar las condiciones de accesibilidad en edificios ya existentes, siempre que sea viable, sin que con ello se invada el terreno privado, que es lo que defienden los denunciantes. Si bien, en septiembre la Junta les informó a los afectados de la obligatoriedad de cumplir las medidas estándar que recoge la normativa, si desean que el ascensor sea subvencionable.

Esto ha desatado aún más el enfado de los integrantes de la plataforma, al no entender que "edificios con la misma tipología y los mismos años de construcción en la barriada la Granja (Jerez) el Ayuntamiento permita su instalación e igualmente ha sido subvencionado al 50 por ciento por la misma delegación de Fomento, en la misma convocatoria".

Entre otras "irregularidades" que recoge el escrito firmado por 70 personas y emitido a la Fiscalía figura la forma de proceder de la empresa adjudicataria, que ofrece la instalación como un paquete cerrado y que "firma un contrato con las comunidades con cláusulas leoninas que superan los 12.000 euros de penalización si se echan atrás". También denuncian "los requerimientos notariales que estamos recibiendo siendo coaccionados si nos oponemos", así como la "expropiación" de sus viviendas, "sin opción de estudiar otras alternativas por zonas comunes viables, tal como establece la Ley".