El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia interpuesta por el Partido Popular contra el ex presidente del consejo de administración de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, la sociedad que ha gestionado la remunicipalización de los servicios de playas en el último año. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que no existen indicios de responsabilidad contable durante el proceso de remunicipalización y mientras estuvo al frente de Cádiz 2000. Esta denuncia fue interpuesta por el concejal Bruno García y que tuvo como abogado al también edil Juan José Ortiz.

En su resolución el Tribunal de Cuentas señala que los asuntos que han sido objeto de las diligencias preliminares "por sí solos no revisten los caracteres de alcance", por lo que ordena el archivo de las diligencias.

Concretamente dice textualmente que "no se aprecia el menoscabo en los fondos públicos". El Tribunal de Cuentas expresa que "en la denuncia no pone de manifiesto que se haya producido un perjuicio en los fondos municipales, sino simplemente irregularidades e incumplimientos de carácter administrativo y societarios que, en sí mismos, no dan lugar a responsabilidad contable".

Asimismo, el Ministerio Fiscal señaló que se acredita que la memoria justificativa del expediente de remunicipalización fue acordado por el pleno municipal del 26 de mayo de 2017, "en el que estuvo presente el denunciante, sin que conste que dicho acuerdo haya sido impugnado en la jurisdicción contencioso-administrativa".

El alcalde de Cádiz, José María González, ha afirmado que este archivo "viene a avalar el trabajo que se ha realizado desde la sociedad Cádiz 2000" y es un "varapalo" para el Partido Popular "quien está empeñado en retrasar, enmarañar y desprestigiar hasta a un concejal con tal de intentar paralizar el proceso de municipalización".

González ha señalado que este archivo es "un revés a la estrategia política de Partido Popular de judicializar todo lo que ocurre en la ciudad de Cádiz desde que no gobiernan".

El que estuviera al frente de todo el proceso de municipalización, Álvaro de la Fuente llama la atención sobre uno de los puntos del auto en el que recoge que el Ministerio Fiscal afirmó que "se acredita que la Mejora Justificativa del Expediente de remunicipalización fue acordado por el Pleno del Ayuntamiento de 26 de mayo de 2017, en el que estuvo presente el denunciante, sin que conste que dicho acuerdo haya sido impugnado en la jurisdicción contencioso-administrativa".

Además, el auto recoge el informe del interventor municipal del 19 de diciembre de 2016 en el que se afirma que "los datos que figuran en el informe del Área de Medio Ambiente justifican unos costes menores para el Ayuntamiento en la ejecución de estos servicios".

El alcalde de Cádiz, José María González ha asegurado que "en todo momento teníamos la confianza en cómo se había llevado a cabo este proceso, uno de los más completos en cuanto a documentación en informes se refiere, ya que actuamos con el máximo rigor, la máxima transparencia y celo a la hora de poner en marcha la remunicipalización".

"Pero una vez mas, el PP, en ese empeño de dejar claro que Cádiz es de ellos o de nadie, no dudan a la hora de poner en tela de juicio un asunto del que la propia Fiscalía ha pedido su archivo".