El Supremo mantiene que Quality vale casi 14 millones de euros

  • La Zona Franca podría tener que pagarle a García Gallardo 15 millones, aunque lo puede evitar el proceso penal abierto contra el empresario por un presunto fraude

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no ha admitido los recursos presentados por la Zona Franca de Cádiz contra la sentencia de la Audiencia Provincial que determinó que el Consorcio debía abonar "más de 15 millones de euros" por la compra de la acciones que mantenía el empresario fundador del Grupo, Manuel García Gallardo, en Quality Food.

Esta sentencia del Supremo ya es firme. Sin embargo, la Zona Franca no está obligada todavía a abonar el importe de 5.330 euros por acción a García Gallardo ya que hay abierto otro procedimiento penal paralelo por un presunto fraude financiero en Quality por parte del propio empresario. En este sentido, ante la querella presentada por los abogados de la Zona Franca, se emitió un auto judicial por el que se inmovilizaban las acciones de Quality, se solicitaron nuevas declaraciones y se exigieron documentos a un director de banco que pudo permitir "un engaño" basado en que Manuel García Gallardo aparentó una solvencia que nunca tuvo.

No obstante, en la vía civil el empresario ha conseguido ganar el pleito por el que la Justicia rechaza la valoración de las acciones que hizo la Zona Franca.

Esta historia se remonta al 23 de diciembre de 2003, cuando la Zona Franca decidió acudir en solitario a una ampliación de capital en el grupo, lo que le permitió hacerse con el 51% del capital social y, por tanto, hacerse con el control de la compañía.

Entonces, se decidió hacer una valoración de la empresa, para lo cual se iban a encargar a dos consultoras elegidas de entre las cuatro más importantes del mundo, una por la Zona Franca y otra por García Gallardo. La media entre las dos determinaría el valor de las acciones. En ese punto se incluyó una cláusula por la que se permitía que en el plazo de un año García Gallardo podía volver a adquirir el 51% de las acciones a la Zona Franca o bien exigirle que le comprara a él su 49%. El precio que debía pagarle precisamente era la media que resultara de las dos consultoras.

Al final fue la Zona Franca la que encargó las dos valoraciones: una a Price Waterhouse, que arrojó una valoración de 7,8 millones de euros. La otra, de Ernst & Young, de menos 1,2 millones. La media, por tanto, era de 3,3 millones, por lo que la Zona Franca interpuso una demanda contra el empresario reclamándole la entrega gratuita de todas sus acciones, ya que entendía que había pagado por el 26% de las acciones más de cuatro millones.

Sin embargo, el empresario y su familia creían que el valor era muy superior, por lo que pusieron otra demanda porque "las dos valoraciones se habían hecho con parcialidad". Además, comunicaron que querían vender sus acciones.

El Juzgado de lo Mercantil entendió que el trabajo de Ernst & Young no había sido una valoración y encargó otra a KMPG. El resultado fue de 20 millones de euros, lo que unidos a los 7,8 de Price Waterhouse salían casi 14 millones de euros más los intereses devengados a abonar a García Gallardo. El proceso penal decidirá.

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