En mayo de 2005 el Ayuntamiento informó al Servicio Andaluz de Salud que no iba a firmar el borrador de convenio que se le había enviado porque "excede del ámbito que se referían exclusivamente a la custodia de la metadona". En ese escrito firmado por la alcaldesa, del día 5 de mayo, se le dice que "necesita que se conteste urgentemente a las negociaciones iniciales".

Desde esa fecha hasta ahora. El SAS no llegó a cambiar nunca el borrador del convenio, pero tampoco el Ayuntamiento volvió a reclamarlo, sino que continuó prestando el servicio de custodia y transporte de la metadona a los centros de salud con los agentes de la Policía Local. Y eso a pesar de que el Sindicato de la Policía Local avisó al equipo de Gobierno en enero de 2005 de que había constatado que el servicio de reparto de metadona en horario de tarde y que antes realizaba la Policía Nacional,. lo efectuaban vigilantes jurados armados.

La delegación Provincial de Salud de la Junta se manifestó ayer ante la amenaza municipal de dejar de prestar este servicio a finales de año al considerar que no es competencia de ellos, algo que es incluso reconocido por el SAS.

No obstante, desde Salud se dijo ayer que ha tenido la "voluntad firme, reiterada en diversas ocasiones" de establecer un acuerdo global en materia sanitaria "con soluciones específicas sobre esta cuestión" con el Ayuntamiento. Así, recuerda que en 2005 se remitió un borrador de acuerdo de colaboración entre ambas instituciones "y que el Ayuntamiento de Cádiz no quiere aceptar".

El motivo que aduce el Ayuntamiento está prácticamente en la respuesta que dio ayer la Junta, ya que dice que la propuesta se basaba en la coordinación de ambas instituciones "en materia de promoción, prevención y realización de actividades y formación" en múltiples campos como el tráfico, materia sexual, drogas y salud en mayores, entre otros aspectos, tal y como aparece en el borrador al que ha tenido acceso este medio.

Sin embargo, el Ayuntamiento quería algo específico que solucionara el asunto de la metadona, bien sea con la financiación económica del transporte o, sobre todo, con que el SAS asumiera su responsabilidad y lo hiciera a través de vigilantes privados.

En el borrador del convenio sólo aparece un párrafo relacionado de manera indirecta con el tema: "Coordinación entre ambas instituciones en la realización de actuaciones tendentes a prevenir conductas drogodependientes, así como en la asistencia a drogodependientes conforme al principio de máxima reducción del daño, garantizándose a los interesado los recursos terapéuticos y de deshabituación ofertados en la red Sanitaria (aprovisionamiento, distribución, custodia y administración".

Para ese acuerdo marco se establecía una subvención de 30.000 euros como contribución a los gastos derivados de los programas específicos de colaboración, cifra que el Ayuntamiento considera insuficiente, ya que asegura que el coste del transporte anual supera los 237.000 euros.

En este tema también se produce la fricción con el SAS. El organismo dependiente de la Junta puso en duda la misma y acusó al equipo de Gobierno municipal de engordar el importe y el número de horas que dedica al servicio, mientras que el Ayuntamiento asegura que el SAS ha obviado que son dos y no uno los agentes que hacen el servicio.

La Delegación Provincial de Salud lamenta que el Ayuntamiento "sólo reaccione ante meras cuestiones económicas" cuando este programa "ha permitido llevar la paz a muchas familias de toxicómanos". En este sentido reitera su "firme voluntad" de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento que permita la colaboración de ambas instituciones en materia de salud "dejando a un lado los enfrentamiento estériles a los que es tan aficionado el Ayuntamiento de Cádiz".