La empresa municipal de vivienda Procasa tiene previsto atender de urgencia el próximo martes a las dos familias con hijos que el pasado viernes ocuparon otras tantas viviendas en la finca de la calle Corralón de los Carros 48 y 50, informó a este periódico el portavoz de ambas, Miguel Ángel Mulero.

Los padres constan desde hace tiempo en el registro de demandantes de vivienda pública. Se trata, básicamente, de actualizar de datos que pudieran quedar pendientes de cara a la puntuación que determina el puesto en la lista de demandantes, explicó a este periódico un portavoz del Ayuntamiento de Cádiz.

Ayer, el adjudicatario de uno de lo pisos expresó su preocupación y malestar a la JuntaSe prevé que los beneficiarios comiencen a vivir en sus casas a partir de febrero

La última actualización general de la lista de demandantes fue el pasado mayo y se prevé que la próxima sea a final de año, con los datos de la declaración del IRPF, precisaron las mismas fuentes. Hace cuatro meses la cifra ascendía a 7.063. Y Miguel Ángel Mulero, por ejemplo, está por debajo del puesto mil, según contó él mismo a este medio, pese a que la grave situación que padece es de clara exclusión social y, por lo tanto, cuenta con una muy alta puntuación, más de diez sobre un máximo de 15. En paralelo, los Servicios Sociales Municipales ya están atendiendo a las dos familias.

Además, el lunes tendrán que acudir al Juzgado a recoger la citación para el juicio por la denuncia por ocupación ya interpuesta por el constructor, que aún no ha entregado la obra a la Junta de Andalucía, añadió Miguel Ángel Mulero. La vista será el próximo dos de enero.

Como ya informó este periódico, el constructor denunció en un primer momento por robo, pero retiró esta denuncia al comprobar que en el edificio, prácticamente terminado, pero todavía en obras, no faltaba absolutamente nada de materiales ni herramientas. Es más, en presencia de la Policía, los ocupas entregaron al constructor las llaves de todas las viviendas, que estaban puestas cuando entraron sin violencia en la finca, aseguró Mulero. Luego, el constructor interpuso otra denuncia por ocupación de las viviendas, ya que la obra no ha sido recepcionada aún por la Junta.

El edificio de nueva planta promovido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y propiedad de la Consejería de Fomento y Vivienda está destinado al arrendamiento a vecinos que residían en las fincas que había anteriormente en el solar y a familias acogidas al programa de rehabilitación de Cádiz, actualmente realojados en pisos del mercado libre. De las seis viviendas de las que dispone la finca, sólo están definitivamente asignadas las de las dos residentes en el edificio antiguo. Ninguna de ellas está ocupada.

Precisamente el martes, la hija de una de las adjudicatarias, ya fallecida, y que ha cedido el arrendamiento en usufructo a un sobrino que vivía con ella en la vieja vivienda y que se encuentra en paro y con hijos manifestó su preocupación directamente a uno de los ocupas, tal y como presenciamos el martes y contamos ayer. Pese a lo complicado de la situación, el encuentro se desarrolló con sensatez, respeto y buenas maneras por ambas partes.

En la mañana de ayer fue el propio adjudicatario quien expresó su preocupación ante la Junta de Andalucía, apuntó su tía. Preocupación por la ocupación, pero también su malestar por que no le informasen en persona del incidente y hubiese tenido que enterarse por este periódico. Parece ser que no será hasta febrero del año que viene cuando pueda por fin ocupar el piso que ya tiene asignado.