Procasa alcanza el primer acuerdo de rehabilitación de infravivienda

  • La propiedad del número 6 de la calle Santa María ya ha respondido afirmativamente y se está a la espera de la decisión que adopte la del número 10

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El primer programa municipal de rehabilitación de infraviviendas -con trece fincas de intramuros- no tuvo segunda parte durante años. La Junta aprobó en el 98 su decreto de vivienda, que creó la Oficina de Rehabilitación y dejó al Ayuntamiento gaditano sin competencias en esta materia. Durante unos años, el gobierno local se quejó airadamente y cumplió el papel que le había dado el decreto y el posterior convenio de vivienda firmada entre las dos partes: la construcción de Viviendas de Protección Oficial.

En abril del pasado año, el equipo de gobierno municipal decidió que, con o sin decreto, intervendría en materia de infravivienda, y aprobó una ordenanza al respecto con ayudas de hasta 30.000 euros por vivienda resultante de la actuación, con unas bases por lo demás muy parecidas a las que aplica la Oficina de Rehabilitación. Poco después, se firmaban los primeros preacuerdos, que permitirían realizar los estudios previos (tanto sociales como de las fincas) y realizar propuestas firmes a la propiedad de los inmuebles.

Estos acuerdos afectaron a los números 6 y 10 de la calle Santa María, ambas fincas muy degradadas, con partiditos, y catalogadas. De hecho, se produjo un pequeño derrumbe tras la firma del preacuerdo en el número 10 y actualmente hay dos familias realojadas.

Ahora, según explica el teniente de alcaldesa delegado de Vivienda y Rehabilitación, Juan José Ortiz, ya se ha llegado a un acuerdo con la propiedad de Santa María, 6, sólo a la espera de hacerlo oficial mediante la firma, algo que se quiere hacer en breve tiempo. El administrador del inmueble, Gonzalo Pastor, confirma este acuerdo, y explica que la comunidad religiosa propietaria del número 10 está a punto de decidir si finalmente se rehabilita o no con la ayuda municipal.

Hace algún tiempo, Juan José Ortiz indicó que Procasa (la empresa municipal de vivienda, a la que se le ha encomendado este nuevo programa contra los partiditos) estudiaba la situación de otros dos inmuebles.

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