El Grupo Municipal Popular está utilizando todos los medios que tiene en su haber para intentar paralizar la remunicipalización de los servicios de playas al considerar que los trámites que se están realizando no cumplen con la legalidad. Al inicio de la Junta General de Cádiz 2000, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, anunció en su primera intervención que su partido había interpuesto una denuncia en la que se señalan una serie de actuaciones que "presuntamente han constituido un perjuicio patrimonial" tanto para la sociedad municipal Cádiz 2000 como para el propio Ayuntamiento.

En primer lugar, en la denuncia se indica que el presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, ha procedido a la subrogación del personal de los servicios de mantenimiento de playas. A partir de esta actuación, el PP considera que existen "diversas irregularidades" en "la actuación unilateral y arbitraria" de este concejal. Estas se sustentan, según los populares, en que el presidente del Consejo de Administración carece de facultades para adoptar este acuerdo y la ausencia de un acuerdo del Consejo o la Junta General para la subrogación de los servicios, de la eficacia o de medios técnicos que justifiquen su actuación, del expediente económico financiero sobre los costes del proceso de internalización y la constancia del inicio o el fin de las modificaciones presupuestarias para este asunto. Asimismo, también se considera que se incumple la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En otro punto, también se apunta la posibilidad de haber cometido un fraude de ley en la modificación del objeto social de Cádiz 2000 al entenderse que se está creando una nueva sociedad al producirse "una modificación sustancial del objeto de la sociedad", algo que, según el PP, se prohíbe en la disposición adicional novena de la Ley de Bases del Régimen Local.

En el siguiente apartado de la denuncia se afirma que lo que se está produciendo es un cambio de modelo de gestión y no una sucesión de empresas, por lo que no se podría subrogar el personal y su selección se debería realizar por los cauces legales establecidos.

Otro aspecto en el que se incide es en que "no puede traspasarse el personal que presta servicios en las empresas del sector público" en función de lo que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Asimismo, se destaca la inexistencia de un informe económico sobre el impacto que va a tener en Cádiz 2000 la asunción de los diferentes servicios de playas o la viabilidad del cambio del objeto social. Por último, se denuncia que en la tramitación no se informa de "los incrementos económicos previstos con las sucesivas aprobaciones de los convenios colectivos".