El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, asegura que si el equipo de Gobierno quiere iniciar alguna acción judicial por el caso del agua en Loreto, tal y como ha insinuado el alcalde José María González, "que lo pague de su propio dinero".

Romaní considera que el auto de la Fiscalía ya ha dejado claro que la gestión que en su día hizo el anterior gobierno municipal y Aguas de Cádiz fue la correcta, "por lo que si quiere iniciar un proceso que tiene su coste económico para seguir hostigando al Partido Popular y seguir realizando falso testimonio, que saque la cartera".

En este sentido, solicitó al alcalde que "deje las amenazas" y recordó que el PP lidera la oposición "y, por lo tanto, no nos van a afectar las insinuaciones".

Ignacio Romaní recordó que todavía está pendiente de resolución el recurso que presentó el PP ante la Audiencia Provincial ante el archivo de la denuncia del PP contra el alcalde por decir que habían suministrado agua contaminada a sabiendas a los ciudadanos de Loreto. El Juzgado de Instrucción archivó esta causa por calumnias al estimar que no había motivo para ello y, por lo tanto, el PP decidió presentar un recurso.

Romaní dijo que lamentaba "que insista en utilizar medios públicos para su propio beneficio y el de Podemos. Eso es un error de base y habla de la catadura del alcalde".

José María González dijo el lunes que en el caso del agua de Loreto, al presentar un dossier en la Fiscalía para determinar si había algún tipo de responsabilidad en la gestión del equipo de Gobierno y de Aguas de Cádiz, "hemos hecho lo que había que hacer" y se defendió diciendo que era lo que le habían pedido los vecinos.

Precisamente aludió a los residentes del barrio de Loreto para decir que estos no estaban conformes con el auto de la Fiscalía que archivaba el caso a raíz de la presentación de toda la documentación que había hecho el actual equipo de Gobierno. De este modo, se refirió a que eran los propios vecinos los que les estaban instando a que emprendieran alguna acción judicial, aunque no llegó a determinar contra quien ni la causa.

La Fiscalía decía que la actuación había sido correcta y se basaba, entre otras muchas cuestiones, en que no se había producido ningún problema de salud durante esos días entre la población. Asimismo, también hizo referencia a que la Delegación Territorial de Salud, que es la administración competente, dio el visto bueno a la actuación municipal.