La reordenación urbanística de la estación de ferrocarril y de la plaza de Sevilla vivió ayer su enésima tramitación durante un Pleno municipal, extraordinario y urgente, en el que se aprobó el texto definitivo del convenio para la gestión y reordenación de esta zona de la capital gaditana, después de que Hacienda diera su visto bueno al derribo del edificio de la Aduana. El consenso alcanzado en la votación entre los dos partidos mayoritarios -sólo IU se abstuvo mientras PSOE y PP aprobaron el texto- no impidió que sus portavoces mantuvieran discrepancias sobre las causas del retraso en la ejecución de este proyecto urbanístico. En el salón de plenos estuvieron representantes del foro contra el derribo de la Aduana, que protestaron con carteles por la negativa a concederles el turno de palabra al final del Pleno.

El portavoz del PSOE, Rafael Román, anunció el voto favorable de su grupo al convenio, pero expresó su desacuerdo con quienes consideran que desde su partido o desde las administraciones que éste controla se haya querido boicotear un proyecto que, dijo, "es municipal".

Román calificó de "discrepancias técnicas" y de "la interpretación de la norma" las diferencias entre el municipio, la Junta y Adif, antigua Renfe, como en el asunto de las viviendas o de la estación de autobuses, que, recordó, será financiada por la Junta.

Aprovechó el portavoz socialista para defender así la posición de su partido ante la reordenación urbanística de esta zona, lamentar que el convenio entre Renfe y el Ayuntamiento fuera "el primero" de España que no contó con la participación de una comunidad autónoma y recordar que aún está pendiente la posible declaración del edificio de la Aduana como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que impediría su derribo.

El teniente de alcalde de Urbanismo, José Loaiza, respondió a Román explicando que se trataba de "un proyecto de ciudad", aunque impulsado desde el municipio, al que la Junta "no se quiso unir, después de su aportación del 20 por ciento al soterramiento, porque no quiso dar más dinero a Cádiz". Recordó Loaiza que el Ayuntamiento había ido modificando puntualmente el plan conforme a las peticiones de la Junta y Adif.

Intervino también la alcaldesa, Teófila Martínez, para resaltar la paciencia del Ayuntamiento, que podía haber usado la expropiación para ejecutar el proyecto, y para "aclarar" que las modificaciones de la Junta no respondían a la norma: "Se quitaron las viviendas porque no gustaban a los técnicos, no porque fueran contra la ley".

Sebastián Terrada, de IU, calificó de "culebrón" un proyecto que, explicó, "nunca" ha gustado a su formación por la reordenación urbanística que se había planteado. Tanto PSOE como IU expresaron en el Pleno su contrariedad por que el foro contra el derribo de la Aduana no pudiera intervenir al término de la sesión para expresar su postura. Por ello, uno de sus integrantes, José Ramón Pérez Díaz-Alersi, recordó posteriormente que en otros plenos extraordinarios sí se permitieron intervenciones del público.