Osuna utiliza el informe pericial como defensa ante el Tribunal de Cuentas

  • Los abogados del ex delegado de ZF piden que se suspendan las actuaciones al estar pendiente un proceso penal similar

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El informe encargado por el juzgado a un perito sobre el desarrollo y funcionamiento del portal Rilco se ha convertido en la base fundamental de la defensa de Miguel Osuna ante la demanda presentada por la Abogacía del Estado contra él que ahora estudia el Tribunal de Cuentas. Una demanda que los abogados del que fuera delegado del Estado en la Zona Franca consideran debería de anularse al existir ya un proceso penal pendiente con hechos idénticos en los dos casos.

La última demanda de la Abogacía del Estado, suscrita el pasado 26 de febrero, se centra en la virtualidad del proyecto Rilco, en la no ejecución de los contratos firmados con Telvent y Miami Free Zone y en la realización de pagos por parte de Osuna sin contraprestación alguna.

Todas estas apreciaciones, según los abogados, se rebaten con facilidad utilizando el informe del perito, ya adelantado por este periódico, que considera adecuado el coste abonado a MFZ y a Telvent y ejecutado todos los contratos firmados para el desarrollo de este portal.

A la vez, el equipo jurídico afirma que los datos aportados por el perito "desvirtúan gran parte del Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas", sobre la actuación de la Zona Franca entre 2000 y 2004 "que se elaboró sin el necesario conocimiento de hechos y documentos esenciales que, no obstante, sí eran sobradamente conocidos por los nuevos responsables de la ZF", incidiendo de nuevo en que todos los pagos se realizaron "una vez ejecutados y recepcionados los trabajos".

También se menciona el polémico informe de profesores de la Universidad de Cádiz. En este caso se considera que las conclusiones de estos especialistas "fueron tan absurdas y alejadas de la realidad que la extensa demanda (de la Abogacía contra Osuna) ni siquiera lo cita cuando fue nada menos que la base de la querella".

Se afirma también que "Miguel Osuna no fue informado en ningún momento desde su nombramiento como Delegado del Estado (por los abogados del Estado) de cualquier irregularidad en los contratos suscritos con MFZ y Telvent; que procedió a anular, por improcedentes, gran cantidad de contratos actuando como un administrador más que diligente, resultando bastante sorprendente que se le impute cualquier falta de diligencia al respecto cuando ni el propio Tribunal de Cuentas advirtió nada en su anterior informe de fiscalización".

Finalmente se pide el levantamiento del embargo de los bienes impuesto a Miguel Osuna por una cuantía de 3,8 millones de euros.

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