El Obispado ha acusado a la Junta de "faltar a la verdad" y de "tendenciosa" el que se les acuse "injustificada y públicamente de negativas y falta de colaboración" como causante de los perjuicios a la gestión del Centro de Interpretación. En este sentido, mediante un comunicado el Obispado dice que no es verdad lo que dijo la Junta de que la Iglesia "no permitió la continuidad de una de las iniciativas más potentes y atractivas de las que se desarrollaron ese año 2012: las proyecciones dedicadas al Doce en el interior del Oratorio".

El Obispado precisa que "no sólo no ha prohibido sino que ha mostrado su deseo de seguir realizando en la bóveda del Oratorio la proyección audiovisual relativa a las Cortes de Cádiz. De este modo aclaran que en varias ocasiones han solicitado verbalmente y por escrito a las autoridades de la Junta de Andalucía, que son los dueños de los derechos de proyección del referido vídeo, su utilización "sin obtener respuesta alguna".

Por ello el Obispado deja muy claro que siempre ha estado dispuesto a estudiar cualquier propuesta, "alcanzar acuerdos y colaborar con las distintas administraciones públicas, siempre que se respeten los derechos de la propiedad y la condición religiosa del referido templo católico".

La sede de Hospital de Mujeres recordó ayer que el Oratorio de San Felipe Neri es un edificio de carácter "netamente religioso" cuyo "legítimo y único propietario" y, por lo tanto, responsable de su uso y gestión es la Diócesis.

El Obispado asegura sentirse muy agradecido con la Junta de Andalucía, "como hemos manifestado en repetidas ocasiones, por la restauración hecha al edificio con dinero público". En consecuencia afirma que "este dinero es procedente de los impuestos que han pagado, entre otros, los católicos gaditanos y andaluces, que son la mayoría de los contribuyentes". La institución religiosa recuerda que estas ayudas "están perfectamente contempladas y justificadas en la legalidad vigente, entre otros motivos, "por su catalogación como edificio BIC (Bien de Interés Cultural), con independencia de quien sea su titular, y en este caso concreto, en la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812".

Esta misma institución recuerda que la rehabilitación se llevó a cabo en virtud de distintos convenios, libremente pactado y jurídicamente documentados y firmados por las partes, en los que el Obispado como propietario del inmueble pactó la restauración del Oratorio a cargo de la Junta, comprometiéndose a la cesión del edificio hasta el 31 de diciembre de 2012 y para los actos del Bicentenario. Así, añade que "estos convenios han sido escrupulosamente cumplidos por el Obispado y no queda ninguna otra obligación que cumplir al respecto".

La Diócesis aclara que en ningún convenio el Obispado se obligó a desacralizar el templo "ni a vincularlo a otros fines distintos que los previstos en el Derecho Canónico, ni a su utilización de forma conjunta con el Centro de Interpretación más allá del 31 de diciembre de 2012.