Luz y agua para controlar el alquiler de partiditos

  • La Junta propone este sistema para luchar contra la infravivienda. El gobierno local ya lo empleó hace años

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El pago de las ayudas al alquiler no es el único frente abierto entre Junta y Ayuntamiento, dos administraciones que no mantienen precisamente buenas relaciones en materia de vivienda.

Desde hace años, el gobierno local reclama al autonómico que recupere la cédula de habitabilidad, la herramienta que asegura que le falta para poder perseguir la infravivienda.

El tema viene de antiguo, de dos sentencias perdidas por el Ayuntamiento ante unos propietarios a los que había exigido obras de habitabilidad. Un párrafo de estas sentencias aseguraba que "no comprende por tanto la policía de las edificaciones, propia de la competencia municipal, otro ámbito que no sea el de hacer cumplir a los propietarios su deber legal urbanístico de conservar los edificios en condiciones legales previstas de seguridad, salubridad y ornato público, pero no alcanza a otros aspectos más propios de los que se conoció en un principio como fiscalía de la vivienda, y en la actualidad competencia de la Administración Autonómica, como es el de dotar a todo edificio de condiciones sanitarias adecuadas, cual puede ser el cuarto de baño y agua corriente en cada vivienda, pero cuyo establecimiento ex novo por el propietario se encuentra al margen del deber de conservación".

Tras empaparse del contenido de los fallos judiciales, el Ayuntamiento comenzó pidiendo un convenio, en 2002, y terminó exigiendo que la Junta volviera a implantar la cédula de habitabilidad, documento que hacía años que había sido sustituido por la licencia de primera ocupación. En todo caso, el Ayuntamiento pedía una herramienta que le permitiera hacer algo contra las infraviviendas ya existentes, ya que la licencia sólo permite asegurarse de que los pisos nuevos están en condiciones.

Hace unos días, el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Gabriel Almagro, mostraba su convicción de que la cédula tampoco arreglaría nada y lanzaba una sugerencia: utilizar la luz y el agua para evitar nuevos alquileres de partiditos.

Almagro explicaba que las competencias municipales permitirían al Ayuntamiento elaborar una ordenanza que estableciera el control de los suministros (que depende de dos empresas municipales, Aguas y Eléctrica de Cádiz) para evitar que las infraviviendas sean alquiladas. Con respecto a la cédula, dijo que su implantación dependería del Gobierno central.

En realidad, el gobierno local gaditano ya empleó la técnica del corte de suministro hace años: si en el momento de producirse un desalojo se descubrían partiditos, se pedía arreglos a la propiedad y si se negaba se cortaban luz y agua. El 28 de enero del 99, el equipo de gobierno local aprobó que el corte fuera automático tras los desalojos.

Además, Aguas y Eléctrica de Cádiz mantenían un convenio con el Ayuntamiento por el que no se concedía altas del suministro en viviendas que se consideraban inhabitables. Ya en 2002, el Ayuntamiento hablaba de los inconvenientes del sistema: Eléctrica ya ha advertido que no podía seguir negando las altas aduciendo motivos legales. Además, los propietarios, en acuerdo con los inquilinos, cogían agua y luz de donde podían y obviaban de esta forma el trámite ante las empresas municipales.

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