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Cádiz

Martín Vila y Eva Tubío declararán como investigados por denuncia falsa

  • El PP pide su dimisión y anuncia que demostrará que el 'Caso Matadero' era una trama para desalojarlos del Ayuntamiento l También investigan a otros cuatro técnicos municipales

Los concejales de Ganar Cádiz Martín Vila y Eva Tubío, en una imagen de archivo.

Los concejales de Ganar Cádiz Martín Vila y Eva Tubío, en una imagen de archivo. / julio gonzález

Del 'Caso Matadero' al 'Caso Tubío'. Así rebautizó ayer el Partido Popular la causa que en su día se abrió contra su actuación en la adjudicación de las viviendas de esa promoción social y que quedó archivada de manera definitiva el pasado mes de junio. En aquel entonces ya anunció el PP que emprendería acciones legales. Y esas acciones se han traducido en la próxima declaración en calidad de investigados que tendrán que hacer los concejales de Ganar Cádiz en Común, Martín Vila y Eva Tubío, en las próximas semanas ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gaditana. Una causa en la que también están implicadas otras cuatro técnicos municipales (las dos hermanas de la concejala, Pilar y Susana Tubío; y Carmen Almadana y Carmen Moncada) así como la abogada que asesoró a Izquierda Unida en las acciones del Caso Matadero, María Moreno.

Al actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y a las hermanas Tubío se les imputan delitos de denuncia falsa, calumnias e injurias, que en el caso de Eva Tubío se completa con un delito de falso testimonio (a raíz de su declaración en el Juzgado en el Caso Matadero) y que con respecto a Pilar Tubío se le añaden además los delitos de prevaricación y falsedad documental (al deducir el PP que a raíz de la instrucción y las diligencias "se ha comprobado que el único expediente de adjudicación de viviendas de Matadero que fue alterado fue bajo su firma").

Con esta comparecencia en calidad de investigados que el día 20 de febrero tendrá que hacer Martín Vila y el 1 de marzo las tres hermanas Tubío, el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, indicó ayer que se pretende demostrar que el Caso Matadero "fue una trama creada por el Clan de las Tubío únicamente para inculpar a las concejalas del PP Mercedes Colombo y Carmen Sánchez con el único objetivo de desalojar al PP del Ayuntamiento". Sostiene Romaní que la denuncia sobre el proceso de adjudicación de algunas viviendas de Matadero es realmente "una trama perfectamente planificada para menoscabar la imagen del gobierno de Teófila Martínez a través de dos de sus concejales y vamos a demostrar también cómo esa trama se urdió con la colaboración necesaria de la Junta de Personal, Izquierda Unida, el PSOE y en última instancia el actual alcalde y su partido, Podemos, que se personó en la causa que se abrió en base a las denuncias falsas".

Indicó Romaní que con el anuncio de estas diligencias previas hecho por el Juzgado de Instrucción "no solo admite la querella sino que aprecia indicios claros de delitos de denuncia falsa, calumnias, falso testimonio, injurias, falsedad en documento público y prevaricación". "Anunciamos el pasado mes de junio que el grupo popular iba a llevar ante la Justicia a todos aquellos que participaron en la acusación falsa contra Mercedes Colombo y Carmen Sánchez. Y ahí están", escenificó también Romaní.

Fruto de esta investigación a los dos concejales, el Partido Popular se apresuró ayer a reclamar su dimisión inmediata; y adelantó que si no se produce exigirá al alcalde que los cese "de manera fulminante".

"Siguiendo la norma de Izquierda Unida y de todos aquellos que se dedican a sentar cátedra a diario sobre políticos imputados, el señor Vila y la señora Tubío deben entregar hoy sus actas de concejales y marcharse a su casa hasta que no se aclare su implicación en estos hechos que ya tienen indicios de delitos", afirmó Romaní, recordando que Izquierda Unida reclamó en reiteradas ocasiones la dimisión de Colombo y Sánchez "que nunca fueron imputadas en ese mal llamado caso Matadero". "Entenderán que si a nuestras compañeras se les pidió la dimisión inmediata, incluso antes de que llegara esa denuncia al juzgado, a día de hoy pidamos la dimisión de Martín Vila, que está formalmente imputado por denuncia falsa, calumnias e injurias; y de Eva Tubío, formalmente imputada también por denuncia falsa, calumnias, injurias y por falso testimonio", explicó el portavoz de PP.

Además de esto, los populares pidieron también ayer formalmente "que la responsable técnico del Área de Familia, Pilar Tubío, sea relegada de su cargo mientras que no aclare el juzgado su participación en los delitos de prevaricación, falso testimonio y falsedad documental, entre otros".

Concluyó Romaní su exposición ayer recordando los diferentes casos judiciales que rodean en la actualidad al equipo de gobierno. "El alcalde procesado se sentará en el banquillo de los acusados en abril para responder a la acusación de un tribunal por sus presuntos delitos de calumnias e injurias; el primer teniente de alcalde imputado por denuncia falsa, injurias y calumnias; la concejala de Vivienda imputada por denuncia falsa, calumnias e injurias y falso testimonio; el concejal de Medio Ambiente señalado por el Tribunal de Cuentas por el proceso de municipalización; y el exconcejal de Medio Ambiente que además de dimitido está procesado, al igual que el alcalde". "Este es el gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en esta ciudad. Esta es la consecuencia de la falsedad, las mentiras y las injurias del Clan de las Tubío y las consecuencias de quienes aprovecharon esa trama para alcanzar la Alcaldía", afirmó Romaní.

Desde multas de 3 meses a prisión

Los diferentes delitos por los que van a ser investigados los concejales y las técnicos municipales pueden oscilar entre multas de 3 meses a prisión de hasta 6 años, además de la inhabilitación como cargo público o funcionario. El caso más grave es el de falsedad de documento público (que se le imputa a Pilar Tubío), que conllevaría penas de 3 a 6 años de prisión. También habría prisión de hasta 2 años en el caso de las denuncias falsas, del falso testimonio y de las calumnias e injurias, pudiendo acarrear además la pérdida del sufragio activo y pasivo.

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