La compañía Endesa, socia del Ayuntamiento de Cádiz y de Unicaja dentro de Eléctrica de Cádiz y que votó, junto al PP, en contra del bono social propuesto por el gobierno local, y que suponía destinar 600.000 euros de los fondos de EC para este fin, apuesta por la adopción de "nuevas y mejores medidas" con las que se afronte el problema de la pobreza energética de Cádiz y que, según datos municipales, afecta a unas dos mil familias de la capital.

Asume en todo caso este grupo energético que antes de ello es necesario adoptar una serie de acuerdos para conseguir la máxima efectividad, por lo que propone que, mientras se define este modelo, "no se corte el suministro eléctrico a las personas de la ciudad que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad y que hayan sido identificadas en tal sentido por los servicios sociales del Ayuntamiento". Se considera que esta acción podría adoptarse con rapidez, con lo que se evitarían perjuicios a la ciudadanía durante el tiempo que se consuma para la adopción del cambio de gestión.

Endesa recuerda que EC ya aporta 530.000 euros a la financiación del bono estatal

A la vez, Endesa justifica su voto negativo en el último consejo de Eléctrica en base a dos cuestiones.

Por una parte, recuerda que "Eléctrica de Cádiz ya financia el bono social estatal en la actualidad, pero no puede ofertarlo a sus clientes al no ser Comercializadora de Referencia. La creación de un bono social específico significaría un doble coste. En concreto, la empresa aporta 530.000 euros a la financiación del bono estatal, pero no puede usar esta cantidad para cubrir las necesidades de los clientes vulnerables. La propuesta presentada por Eléctrica de Cádiz supondría añadir otros 600.000 euros de coste para financiar un bono social local. Por consiguiente, si esta se aprobara, la empresa tendría que asumir un coste total de 1,13 millones de euros, pero solo algo más de la mitad beneficiaría a los clientes vulnerables de Cádiz, lo que perjudicaría los intereses económicos de todos los gaditanos".

Por otra, destaca que el Ministerio de Energía aún no ha culminado la reglamento que regula el funcionamiento del bono social en el conjunto del país. Indica la empresa que estos informes estarán terminados en unas semanas, por lo que considera que resulta "más razonable esperar a su redacción final para evitar que puedan producirse solapamientos o conflictos entre el bono social local y el aprobado a escala nacional que conduzcan a medidas ineficientes o que supongan costes innecesarios para los ciudadanos de Cádiz".

Pendiente de estos trámites administrativos, Endesa considera que Eléctrica de Cádiz debería de convertirse en Comercializadora de Referencia. Tiene claro que la empresa gaditana cumple con los requisitos establecidos, "y poder así ofrecer a los gaditanos tanto el bono social estatal como los mecanismos de protección de clientes vulnerables que lo complementen, además de poder acceder también a la financiación de su coste que tendrán que asumir todas las comercializadoras del sistema eléctrico y las Administraciones Públicas, minimizando así enormemente su impacto económico sobre los presupuestos de la ciudad y, por tanto, protegiendo el interés social de todos los gaditanos".

A la vez propone que EC "participe activamente en el desarrollo la normativa del Real Decreto sobre el bono social, interviniendo en el trámite de audiencia que se abrirá en las próximas semanas para aportar a él el profundo conocimiento que tiene de la realidad de los clientes de Cádiz y contribuir así al perfeccionamiento de esa normativa estatal".

Una vez que se den todos estos pasos administrativos y legales, con Eléctrica de Cádiz convertida en Comercializadora de Referencia, Endesa asume que se podrá aportar un fondo financiero a una Fundación "con el objeto que lo administrase conforme a los criterios de solidaridad que estime pertinente", que en este caso sería el bono eléctrico.