La Sección Sindical de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Cádiz remitió ayer un comunicado en el que asegura que el Consistorio ha cometido irregularidades en el pago de las cuotas de cotización de los trabajadores a la Seguridad Social. Autonomía Obrera denunció este hecho ante la inspección de trabajo el 6 de mayo de 2009 y el pasado 20 de abril de recibió el informe donde la inspectora que lleva el caso "nos da la razón en todos los términos planteados en nuestra denuncia".

Para Autonomía Obrera "ha quedado suficientemente demostrado que el Ayuntamiento de Cádiz ha engañado a la Seguridad Social y a los trabajadores municipales, cuyas cantidades en todo el colectivo afectado puede superar los 800.000 euros. Siendo los afectados trabajadores laborales y funcionarios en activo, jubilados por edad, por invalidez, incapacidades y viudas".

En la nota se asegura que "estas infracciones cometidas por el Ayuntamiento conlleva la correspondiente repercusión económica en las pensiones de los trabajadores y mucho nos tememos que no obedecen a una simple incapacidad e ineptitud de los políticos del equipo de Gobierno, ya que, entendemos que puede haber un interés para llevar a cabo un ahorro económico, vulnerando la Ley a costa de las pensiones de los trabajadores y de un organismo como la Seguridad Social".

El informe, remitido por el sindicato, refleja las irregularidades cometidas, en donde consta los nombres y apellidos de todos los trabajadores y las cantidades económicas que debería de haber cotizado el Ayuntamiento de Cádiz desde junio del año 2005 a diciembre de 2008.

"El área de Personal y por lo tanto los políticos del equipo de Gobierno tienen conocimiento de la resolución de la Inspección de Trabajo, estando obligados a regularizar individualmente a cada trabajador, al margen de abonar la deuda contraída con la Seguridad Social y su correspondiente 20% de recargo por no realizarlo en su fecha, por morosidad", continúa la nota de Autonomía Obrera.

Los representantes sindicales en el Ayuntamiento de Cádiz han comentado que hay "una clara responsabilidad política por parte de José Blas Fernández e Ignacio Romaní, delegados de Personal en el periodo del impago de estas cotizaciones, reflejándose su malicia al tener conocimiento de ello y mirar hacia otro lado, no realizando un control sobre cuestiones tan básicas como éstas, donde el abandono y la desidia ha quedado patente, a pesar de gastarse un dineral en actualizar supuestos programas informáticos".

"La situación a la que nos han llevado estos dos políticos es sumamente grave y repercuten en las arcas municipales, al tener que actualizar a los trabajadores y tener que pagar los correspondientes recargos", continúan explicando. "Pero estos errores no lo pagaran estos políticos, lo harán los ciudadanos".

Por último aseguran que "la alcaldesa de Cádiz, como máxima responsable de la corporación, tiene la obligación de tomar medidas políticas contra estos políticos imberbes e inútiles que tanto daño han ocasionado", en una crítica feroz hacia dos de los concejales con más peso específico en el equipo de Gobierno municipal.

De momento, el Ayuntamiento no ha querido pronunciarse al respecto, aunque es probable que hoy, una vez estudiado el informe, lo haga.