Joaquín Campodarbe, inquilino de un piso en el número 6 de la calle San Roque, en el Barrio de Santa María, ha estado pagando al menos durante más de un año un alquiler de 300 euros a una persona que no era la propietaria de la vivienda y ahora se ve obligado a abandonarla por orden judicial, pese a tener un contrato de alquiler por tres años. Además, entregó 250 euros de fianza y se hizo cargo de los gastos de los muebles de la cocina y el baño.

El inquilino denunció hace unos días estos hechos ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Sólo jornadas antes de que, ayer, en otra instancia judicial, él y el resto de los vecinos y la auténtica propiedad de la finca -el Banco Santander, desde 2012- acordasen aplazar su desalojo del uno de noviembre próximo al 15 de enero del año que viene.

Después de 37 años de duro trabajo en Cataluña, a donde se trasladó a empezar una nueva vida a raíz de una tragedia familiar -la mayor que pueda haber-, Joaquín regresó a Cádiz el año pasado, al poco tiempo de enviudar. A través de un conocido dio con un piso en el Barrio de Santa María que le gustó y que podía pagar con la pensión que le quedó tras décadas empleado como instalador eléctrico y de telecomunicaciones. En febrero del año pasado firma un contrato por tres años renovable anualmente, además de entregar otros 250 de fianza y asumir los gastos de los muebles de la cocina y del baño. Por la otra parte rubrica el contrato de alquiler Iker Bengoechea, que se identifica como el propietario.

Pero a partir de septiembre del mismo año, sus vecinos comienzan a recibir requerimientos de un juzgado para que presenten el contrato de alquiler. A Joaquín le llega la citación en marzo de este año. Es en sede judicial donde le confirman que la finca fue vendida por sus primeros propietarios, pero embargada en 2012, y que actualmente es propiedad de la entidad bancaria. Así consta en el requirimiento del Juzgado de Primera Instancia Número 3, correspondiente a una pieza de oposición a una ejecución hipotecaria contra los primeros propietarios. También le instan a que deje de pagar inmediatamente el alquiler al que le obligaba el contrato con el presunto dueño de la vivienda.

"Llevo meses sin saber a quien tengo que pagar; lo he intentado en el juzgado, pero nos dicen que tenemos que esperar al próximo uno de julio, que nos dirán si se mantiene el contrato o nos vamos a la calle", declaraba Joaquín a este periódico a finales de marzo de este año. En las mismas circunstancias dijo encontrarse entonces Jessica, madre de una niña de seis meses

Después de meses de inquietud y de un aplazamiento de la vista, Joaquín, el hombre que volvió a Cádiz desde Cataluña después de 37 años de duro trabajo con la intención de recomenzar una nueva vida después de dos mazazos vitales, ya sabe desde ayer que tendrá que ser en otra casa a partir del 15 de enero del año que viene. Gracias a un falso casero a quien no le tembló la mano a la hora de firmar el arrendamiento de un piso que no era suyo.