La crítica de la oposición por el incumplimiento de los acuerdos de Pleno es una constante en el Ayuntamiento cada último viernes de mes. Un punto sí y otro también del debate, los portavoces de los grupos de la oposición lamentan que los puntos que se aprueban en las sesiones luego no son desarrollados por quien debe ponerlos en marcha: el equipo de gobierno. Pero frente a esta crítica -que responde a una realidad, pues es cierto que el grado de incumplimiento de los acuerdos plenarios es cuanto menos llamativo- puede haber también otra lectura de la realidad: ¿son excesivas las tareas que cada mes se le imponen al equipo de gobierno en los plenos?

Como ejemplo se puede tomar de referencia el pleno del mes de enero -por las características especiales que tenía el del viernes, abreviado en sus propuestas con motivo de las fiestas de Carnaval y la final del Concurso de Agrupaciones del Teatro Falla-. Si se eliminan las propuestas dirigidas a cumplir meros trámites, o esas otras que se limitan a instar a otras administraciones (especialmente Junta de Andalucía, aunque también al Gobierno central), los mandatos que se le dieron al equipo de gobierno fueron los siguientes (coja usted aire): optar a acoger una regata en 2020, poner en marcha los planes Emple@Joven y Emple@+30, elaborar unos proyectos para escuelas taller, demandar la devolución de la PATRICA, convocar los premios Cortes de Cádiz, reintegrar el local de mayores del Cerro del Moro y crear el centro de interpretación del barrio de Puntales, elaborar y poner en marcha una campaña de concienciación escolar sobre donación de médula, diseñar un plan de exposiciones y un calendario de eventos para el Tricentenario, poner en marcha medidas contra el acoso escolar y el ciberacoso, convocar la Comisión Especial de Cuentas para estudiar la prórroga del presupuesto, subrogar el servicio de Alumbrado Público, viario y ornamental, acelerar las actuaciones para desarrollar urbanísticamente la remodelación, urbanización y desarrollo del recinto exterior de Zona Franca, e instalar el equipamiento deportivo necesario en el foso de Columela. Trece encomiendas, nada menos, que se llevó para casa el equipo de gobierno, con sus diez miembros.

¿Es posible en treinta días, los que median de un pleno a otro, llevar a cabo tantas tareas como aprueban los grupos? Teniendo en cuenta que las tareas incumplidas pasan a engrosar una lista de 'Debe' que no hace sino aumentar mes a mes -en el pleno de noviembre, por ejemplo, fueron quince los mandatos directos que se encomendaron al equipo de gobierno-, lo que provoca inevitablemente que la lista de incumplimientos cada vez sea también más notoria.

Irremediablemente, este posible exceso de tareas hace mirar a una vieja aspiración que a día de hoy se mantiene prácticamente intacta: la reforma del funcionamiento de los plenos y de la gestión y tramitación actualmente establecida. Es generalizada la sensación de que los plenos mensuales distan mucho hoy en día de lo que debiera exigirse a la Corporación Municipal, sensación que se comparte tanto entre los propios concejales como en la ciudadanía (en los últimos tiempos más atenta a lo que acontece en San Juan de Dios por el cambio en la política municipal que trajo consigo las elecciones de 2015 y por la retransmisión de los plenos -casi todos- en directo por la televisión municipal).

En el objeto de variar esa percepción se mueve la reforma del ROM, aunque la realidad es que lleva meses estancada. Dijo en su día -el pasado mes de julio- el alcalde que este capítulo "es algo imprescindible para el buen funcionamiento de los plenos", pero lo cierto es que a día de hoy las únicas noticias de esta comisión es que se reúne con cierta periodicidad, la última de las veces la pasada semana. Teniendo en cuenta, además, que en esas reuniones no está participando el Partido Popular, que ya en su día anunció su retirada hasta que Podemos no denunciara a quien amenazó en un pleno al portavoz socialista (que para colmo era miembro de la candidatura de José María González).

El pasado año, cuando la reforma del ROM se convirtió durante varias semanas en un asunto prioritario, el equipo de gobierno llegó a plantear un primer borrador que entre otras propuestas recogía la retransmisión de las sesiones plenarias en lenguaje de signos, la dotación de carácter de oficialidad a la Junta de Portavoces -lo cual serviría para aprobar o rechazar muchos puntos sin necesidad de acudir al debate posterior-, la regulación de la participación telemática -punto que de hecho se aprobó en su día en un pleno-, la participación de los colectivos sociales en el Pleno en aquellos puntos donde hayan contribuido en la elaboración de alguna moción, enmienda o cuya materia les vincule, el traslado de las intervenciones ciudadanas al comienzo de la sesión, en lugar de al final; o la publicación de la declaración de intereses de los concejales.

Más allá de esta primera propuesta del equipo de gobierno, parece claro que el Pleno necesita concreción y agilidad. Es decir, que las sesiones no abarquen tantas horas como actualmente, y que los debates no se eternicen con intervenciones que no van a ningún lado. Y la labor de los distintos grupos municipales debe ser buscar las herramientas y los acuerdos para hacer esto posible. ¿Se podría, por ejemplo, limitar el número de propuestas que cada grupo puede presentar en cada pleno? ¿Es posible recortar los actuales 20 minutos de intervención que cada grupo tiene por punto, y permitir que el segundo turno de intervenciones solo se utilice cuando se ha hecho uso del primero? ¿Se pueden resolver las propuestas relativas a instar a otras administraciones de otro modo que elimine el debate en el Pleno?

Esa es la tarea que deben imponerse los 27 concejales gaditanos. Porque ocho, diez o doce horas de debate cada mes debería servir para mucho más. O viéndolo desde otro punto de vista, para lo que se está haciendo actualmente en el Salón de Plenos quizás sobren muchas horas.