El nuevo consejero de Obras Públicas, Luis García Garrido, se estrenó ayer en Cádiz con una reunión con todos los sectores portuarios de la Bahía. Acompañado por dirigentes socialistas y el mismo presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Barra, desgranó las inversiones previstas en el puerto gaditano y que supondrán un gasto de 570 millones de euros y una posibilidad de creación de 2.500 empleos.

No aportó García Garrido aspectos nuevos sobre lo que ya se ha ido conociendo en los últimos meses: apuesta por los deportes náuticos y la vela, triplicando los atraques ahora existentes o creando otros nuevos; refuerzo del tráfico de contenedores con la ampliación de los muelles; creación de un muelle específico para cruceros, con una estación marítima de 15 millones de euros; y trabajar en la mejora de la conexión entre el puerto y Cádiz ciudad. En este sentido, Barra reiteró a este diario lo ya conocido: la verja se mantendrá como medida de protección, según las exigencias de la legislación internacional, si el muelle Ciudad pasa a tener un uso para buques turísticos, lo que no impedirá estudiar con el Ayuntamiento fórmulas para mejorar esta conexión, aspecto en el que también incidió el consejero.

García Garrido dejó claro que las operaciones portuarias que ya se emprenden se asientan sobre un trabajo de más de un año, apoyado en una sustancial mejora de las infraestructuras, un refuerzo evidente de las conexiones (tren, carreteras) y el crecimiento económico que supondrá el desarrollo de Las Aletas.

En este sentido, Concepción Gutiérrez, que durante su mandato como consejera se ha elaborado todo este proyecto, dejó claro que va a suponer un apuesta fundamental por la capitalidad de Cádiz, resaltando su papel protagonista como eje económico. "Es un proyecto que lanza al futuro a la Bahía de Cádiz y a la propia ciudad", incidió su sucesor al frente de Obras Públicas.

García Garrido mostró también el deseo de la Junta por llevar el tranvía también a la trama urbana de la capital, como viene manteniendo desde hace años, y de consensuar con las administraciones locales los usos de determinados suelos portuarios, como puede ser la Punta de San Felipe.