Pese a que el equipo de Gobierno sigue manteniendo que el bono social de Eléctrica de Cádiz (EC) es mejor que el estatal y que este último es "un estrepitoso fracaso", está explorando la posibilidad de que la empresa de capital mixto también sea capaz de concederlo, tal y como propuso en su momento a través de un reportaje publicado por este periódico la Federación Vecinal 5 de Abril. En febrero pasado, en una entrevista con este medio, la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, lo consideró muy complicado, casi imposible, porque pondría en riesgo la viabilidad económica de EC, pero al fin reconoció que se iban a pedir informes en ese sentido.

Ayer se supo que el equipo de Gobierno no es que haya encargado un informe ni dos, sino que ha hecho una consulta directa al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y Comisión Nacional de Mercados y Competencia, para ver si sería legal que EC siguiera siendo comercializadora de mercado libre y a la vez de referencia (COR) y poder así ofertar también el bono estatal. Y se supo, en principio, a través de un comunicado del PP en el que José Blas Fernández -quien como presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz tiene pendiente la firma de los convenios que harían posible ya el bono local- acusó al equipo de Gobierno de "ocultar" a los Círculos de Podemos la que ya da por hecha "solicitud" al ministerio.

Fernández fue más allá y lamentó "la estrategia de manipulación a la que están sometiendo a las familias sin recursos", calificando esta actitud de "política ruin".

El concejal de Podemos y presidente de EC, David Navarro, ya por la tarde respondió al edil popular y aclaró a través de un comunicado que se trata de una consulta y no de una solicitud, "porque no hay ninguna comercializadora en el estado con las peculiaridades de Eléctrica de Cádiz". Antes le reprochó el "estrepitoso fracaso" del bono estatal: "tan sólo el 10% de los beneficiarios del antiguo bono social estatal han logrado acogerse al nuevo, según los últimos datos publicados. Si había 2,3 millones de beneficiarios hasta que el PP lo tocó, ahora hay 170.000 beneficiarios nuevos", apuntó. "El bono social estatal no protege los intereses de las familias vulnerables. Es un desastre anunciado y un despropósito en un país en el que según los últimos informes sobre pobreza energética, con el PP en el gobierno, ha aumentado un 20% en sólo dos años", añadió.

Fernández, antes había recordado al equipo de Gobierno que hace un año, los consejeros populares en EC pidieron a la empresa que iniciase trámites para convertirse en COR, tal y como lo habían hecho las empresas públicas de Ceuta, Santander u Oviedo. Y llamó la atención sobre "el especial interés que tienen algunas asesoras del alcalde que imparten cursos de cómo poner las lavadoras por la noche y cómo les beneficiaría un bono local que -a pesar de las mentiras de Podemos- no fue aprobado por una mayoría cualificada del consejo (7 de 9) sino por 5 de los 9 consejeros de EC".