El Ayuntamiento de Cádiz ya cuenta con un protocolo contra el acoso laboral después de que fuera ayer aprobada por la Junta de Gobierno Local. La edil de Asuntos Sociales, Ana Fernández, que ejerció de portavoz del gobierno local en la rueda de prensa, señaló que este protocolo viene por imperativo legal pero también para dar respuesta a algunas situaciones que se han producido en el propio ayuntamiento y que han sido trasladadas por los sindicatos.

Fernández aseveró que como institución, "tenemos la responsabilidad no sólo de garantizar que se cumplan todos los derechos sino también de evitar que se vulneren".

Ana Fernández considera que hay que evitar que se vulneren los derechos

Este protocolo se podrá activar tras el recibimiento de una denuncia que puede venir a través de diversos cauces como de la propia persona afectada, de los representantes de los trabajadores, cualquier persona empleada municipal que tenga conocimiento de una posible conducta impropia, o las personas titulares de los órganos administrativos que tengan conocimiento del posible acoso.

Cualquier denuncia por acoso laboral será admitida a trámite por la Delegación Municipal de Personal, que deberá convocar en el plazo de cinco días hábiles al comité asesor para este tipo de asuntos, que se constituirá al efecto y será el que estudie la denuncia para desestimarla o iniciar la tramitación correspondiente.

En caso de que se vean indicios de que ha habido acoso labora, se recopila la información y se inician entrevistas con las personas afectadas que acaba con la emisión de un informe de valoración inicial que puede ir por tres caminos distintos: o se archiva la denuncia, o se ve que hay un posible acoso laboral o el tercero es cuando hay claros indicios. Cada uno de ellos tiene un camino, pero en cualquier caso sí finalmente se demuestra que ha podido haber acoso laboral, se incoa un expediente disciplinario por falta muy grave contra la persona autora de los hechos y finalmente el asunto se traslada a la Fiscalía.

Ana Fernández considera que "debemos crear y promover las herramientas necesarias para poder garantizar unas condiciones de trabajo dignas a la par que desarrollar políticas de prevención eficaces".