El Juzgado de lo Penal Número 2 de Cádiz ha condenado a dos de los jóvenes detenidos en la plaza de la Cruz Verde, Anxo Bastida y Joaquín Bustamante, tras un altercado con varios agentes el primer Domingo de Carnaval. Les condena como "autores de un delito de atentado a una pena de un año de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, a una pena de 40 días con multa de cuota diaria de seis euros y arresto subsidiario de 20 días en caso de impago, según informa el Ayuntamiento. Además, Bustamante tendrá que indemnizar a un agente con 180 euros por lesiones y Bastida deberá indemnizar a un segundo policía con 90 euros, también por lesiones. Los hechos, que según la sentencia "se consideran probados, ocurrieron a las tres de la madrugada el 4 de febrero de 2008, cuando ocho agentes locales encontraban en el ejercicio de sus funciones en la zona de los Callejones de Cardoso y la plaza de la Cruz Verde, siendo requeridos por los operarios de limpieza para que intervinieran con un grupo de personas que arrojaba botellas de vidrio".

Los agentes "requirieron a los que allí se encontraban y, según la sentencia, lejos de ello, respondieron insultando y lanzando botellas a los agentes, que se vieron obligados a utilizar sus porras y a pedir auxilio a los efectivos de la Policía Nacional". Durante la intervención, Bastida "propinó dos puñetazos a un agente, uno de los cuales le impactó en el cuello provocando un forcejeo hasta que pudo ser reducido y detenido". Por su parte, Bustamante "arrojó una botella de vidrio a otro agente, impactándole en el pecho ocasionándole una contusión, dándose a la fuga tras la agresión y siendo localizado más tarde y detenido". El Consistorio asegura que los agentes implicados "coincidieron en que su actuación arranca al acudir a los Callejones de Cardoso para clausurar una barra sin licencia tras la denuncia de un vecino y que, si bien los responsables de la barra actuaron correctamente, el público congregado que se movilizó hasta la plaza de la Cruz Verde profirió insultos y ofensas a los agentes. Los agentes deciden no intervenir más, si bien en ese momento reciben la llamada del encargado de los servicios de limpieza para informarles de que les estaban arrojando botellas". Estos hechos, según la jueza, obligaban "desde luego" a la Policía Local a actuar "puesto que tiene el deber y la obligación de asegurar y preservar el orden público". En cuanto a la argumentación de la defensa de que existió carga policial, la sentencia estima que "es difícil hablar de carga ya que según los propios testigos de la defensa, en la plaza se encontraban unas 100 personas, los agentes sumaban ocho y que la citada plaza tiene cuatro vías de salida para que el público se dispersara y acatar las instrucciones de los agentes. El alboroto, según los agentes, se produce en la esquina con la calle María de Arteaga, extremo con el que coincide uno de los testigos de la defensa. Por tanto, hubo un grupo de alborotadores en ese lugar que no acató las órdenes policiales de retirarse del lugar, grupo en el que se encontraban los dos acusados".