Ciudadanos ve un posible fraude de ley en la concesión de los chiringuitos

  • Asegura que la gestión realizada por el Ayuntamiento plantea "toda una clase de lagunas" que pide sean resueltas

  • Señala que el PGOU no permite ampliar la superficie de los locales

Obras que ya han comenzado en uno de los chiringuitos para adaptarse a las nuevas condiciones. Obras que ya han comenzado en uno de los chiringuitos para adaptarse a las nuevas condiciones.

Obras que ya han comenzado en uno de los chiringuitos para adaptarse a las nuevas condiciones. / joaquín hernández kiki

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Nueva gestión municipal puesta en duda. La transmisión de la concesión administrativa de la Junta en favor de los adjudicatarios de los chiringuitos puede estar incurriendo en un fraude de ley. Así, al menos, lo entiende el grupo municipal de Ciudadanos, que ayer puso sobre la mesa "toda una serie de lagunas, inconvenientes y eventuales irregularidades que exige que alguien ponga orden en el galimatías que se ha generado", afirmó el portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao.

Toda la problemática que señala Ciudadanos parte de la fórmula ideada por el Ayuntamiento después de que la Comisión Consultiva de la Contratación rechazara la posibilidad de ampliar las instalaciones y la permanencia de los chiringuitos sin convocar un nuevo concurso, ya que se produciría una modificación sustancial de las condiciones con que se adjudicaron estas instalaciones en 2013. El remedio pasaba por renunciar el Consistorio a la concesión administrativa que la Junta de Andalucía tiene otorgada a su favor en esos espacios de Dominio Público Marítimo Terrestre para transmitir esa concesión a los titulares de los chiringuitos; de este modo, serían los hosteleros quienes tramitarían ya la modificación de sus condiciones, pasando a poder contar con instalaciones de hasta 300 metros (el doble que en la actualidad), abiertas todo el año y durante un período de hasta 30 años.

Solicita un informe jurídico que avale el procedimiento seguido por el Ayuntamiento

El primer punto que a este respecto señala Ciudadanos es la inseguridad jurídica que, a su juicio, genera la fórmula planteada y puesta en marcha por el Ayuntamiento; y por ello, solicita "que se nos de traslado del informe jurídico emitido a estos efectos o en caso de no existir se emita informe que dictamine sobre si tal comportamiento pudiera ser calificado como fraude de ley".

¿Puede el Ayuntamiento libremente transmitir un derecho patrimonial de la naturaleza y entidad de la concesión administrativa que ha recibido de la Junta? ¿O debe hacerse esto mediante "una licitación en régimen de libre concurrencia con publicidad"?, se pregunta Ciudadanos, que solicita igualmente informe jurídico que resuelva esta cuestión.

En tercer lugar, Pérez Dorao no escondía ayer su sorpresa: "no hay ningún documento de contrato de concesión administrativa a los chiringuitos ni tampoco existe acuerdo ni condiciones en que se produce esa concesión"; es decir, cómo se cede, por cuánto tiempo, qué cantidad se le pide a los chiringuiteros a cambio... Ante esta situación, Ciudadanos ha reclamado al Ayuntamiento que "haga valer sus derechos" en el trámite de exposición pública en el que actualmente se encuentran los expedientes incoados para la modificación sustancial de las condiciones de esos espacios de Dominio Público Marítimo Terrestre y que "tramite con urgencia los contratos de transmisión de esas concesiones". Y al mismo tiempo, se le requiere "que informe sobre la existencia o no de una resolución, acuerdo o acto administrativo en el que se haya acordado la transmisión de las concesiones administrativas a los titulares de las explotaciones y se hayan fijado las condiciones de tal transmisión".

Quiere tener información también Ciudadanos sobre las condiciones y requisitos que iba a exigir a los chiringuitos para acceder a esa modificación sustancial de las condiciones de explotación. "Esto permitirá conocer la repercusión económica que el Ayuntamiento esperaba obtener como consecuencia de la modificación sustancial de las condiciones", explicó Pérez Dorao. Y en este sentido, se solicita igualmente información sobre el precio que ha de exigir el Ayuntamiento por la transmisión de las concesiones administrativas y cómo se determina esa cuantía (en base a qué criterios o parámetros).

Una consecuencia paralela de esta maniobra municipal en favor de los concesionarios de los chiringuitos de la playa es, señala Ciudadanos, que el Ayuntamiento pierde el control sobre la tipología constructiva de los chiringuitos, que quedarán ahora a criterio de sus propietarios. "No sé si es bueno o malo, pero tampoco sé si alguien se lo ha planteado", matizaba ayer Pérez Dorao.

Y relacionado con esto, señala Ciudadanos que las nuevas construcciones en la playa obligarían a una modificación del PGOU, "que no contempla la ocupación de 300 metros cuadrados que dice la nueva Ley de Costas y que tratando de suelo no urbanizable y de especial protección requiere una tramitación complicada".

Por todas estas cuestiones, la formación naranja exige "plasmar claramente las condiciones en que se va a hacer todo esto" para acabar con la "inseguridad jurídica", además de "reflexionar si esto no es un fraude de ley para salvar el dictamen de Contratación Pública".

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