La Ciudad de la Justicia, ese sueño que se antojaba una quimera después de sufrir reveses de todo tipo en la última década, dio ayer un paso al frente que sirvió además para poner de manifiesto la buena sintonía existente entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz. Ayer, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, se comprometió a que este mes de marzo se va a licitar el proyecto de evaluación de este anhelado equipamiento y que antes de que acabe el año se piensa licitar el proyecto definitivo. Aguilar, valiente, ha sido capaz de hablar de plazos en el transcurso de la firma del Protocolo General de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que tuvo lugar en el Salón Isabelino de la Casa Consistorial. Al acto asistieron también el alcalde de la ciudad, José María González; Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta de Andalucía; y Martín Vila, primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo. Los cuatro presidieron la firma del protocolo, aunque también estuvieron presentes los portavoces de los grupos municipales y diferentes operadores judiciales, entre ellos el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella, así como representantes de los colegios oficiales de abogados, procuradores y graduados sociales.

El proyecto de la Ciudad de la Justicia lleva encallado durante demasiados años, por lo que la colaboración entre las instituciones y el ofrecimiento del Ayuntamiento gaditano de utilizar como sede los depósitos de tabacalera, hasta ahora en desuso, ha sido decisiva a la hora de reactivarlo. Aunque Rosa Aguilar no quiso cuantificar la inversión autonómica, fuentes de la Junta comentaron a este diario que estará en torno a los 22 millones, una cifra importante pero sensiblemente inferior a la que se manejaba en un principio, cuando se proyectó este equipamiento en el solar de la Institución Provincial con la construcción de un nuevo complejo. Jiménez Barrios afirmó que "evidentemente no es lo mismo tener que acometer una nueva construcción que utilizar la importante base que tenemos con los depósitos de tabaco".

Todos los firmantes destacaron la importancia que la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia tendrá no sólo para los profesionales del sector sino también como elemento dinamizador de la economía en barrios como Loreto, Puntales, Cerro del Moro, La Laguna o Segunda Aguada.

La consejera aclaró que tanto la sede de la Audiencia Provincial como la Fiscalía continuarán en su actual ubicación, "porque así nos lo han pedido", dijo. "Hay ciudades, como Málaga, en que todas las dependencias judiciales están reunidas en la Ciudad de la Justicia y otros casos en que la Audiencia ha pedido conservar su edificio", afirmó Aguilar.

El alcalde de la ciudad, José María González, se congratuló de que este proyecto se haya desencallado "porque el mayor beneficiado de este convenio que hoy firmamos es la propia ciudad de Cádiz, y eso es lo importante. La Ciudad de la Justicia es más que necesaria y además va a tener un papel revitalizador para la zona".

González destacó que la colaboración con la Junta está dando resultados fructíferos, como la nueva estación de autobuses, las obras del Olivillo o el carril bici, "lo que demuestra que estamos en la senda de la cooperación, y que eso es lo que nos empuja a seguir colaborando por el bien de los ciudadanos".

La consejera, por su parte, declaró que ahora queda que el Ayuntamiento también haga su parte del trabajo pendiente y culmine la cesión de los terrenos a la Junta para que antes de final de año se pueda licitar el proyecto definitivo. Además afirmó que van a entablar conversaciones con los operadores jurídicos "para que la Ciudad de la Justicia que se construya resulte acorde a sus necesidades".

Todos los firmantes destacaron especialmente que si el proyecto no arranca de cero es gracias a la labor de Fernando López Gil, que tendió los primeros puentes al nuevo alcalde para iniciar una colaboración con la Junta hasta ese momento casi inexistente.

Jiménez Barrios indicó asimismo que espera que la Ciudad de la Justicia sea una realidad "lo más pronto posible" y alabó la "buena predisposición del Ayuntamiento".

La nueva sede judicial, que contará con una superficie de 14.000 metros cuadrados, se ubicará en cuatro edificios que tuvieron un uso administrativo e industrial, dos de ellos de tres plantas, uno de los cuales albergaba el depósito de tabacos y que es el que tiene la mayor dimensión, 2.020 metros cuadrados. Además, el proyecto incluye la construcción de un nuevo edificio de dos plantas con una superficie de 3.700 metros cuadrados, que servirá de nexo entre los edificios sureste y el antiguo depósito.

Tras la firma del protocolo, vicepresidente de la Junta, consejera, alcalde, presidente de la Audiencia Provincial, decano de los jueces, decano del Colegio de Procuradores y vicedecanos de los colegios de Abogados y Graduados Sociales de Cádiz visitaron los terrenos junto a los arquitectos responsables del estudio previo, Miguel Guardiz y Santiago Barrera.