La orden de cierre dictada y ejecutada por la Junta de Andalucía sobre el vertedero de La Victoria ha motivado que Chiclana se quede sin un lugar en el que depositar sus residuos sólidos urbanos, ya que la clausura afecta tanto al lugar donde se depositan las basuras como los restos de obras.

La ejecución de la orden cogió por sorpresa a los responsables municipales en la noche del jueves, lo que les llevó a tener que buscar una alternativa de urgencia para el depósito de las basuras, ya que los camiones permanecían cargados ante la verja de acceso a La Victoria sin poder entrar al recinto.

Según aclaró ayer el cuatripartito, la Junta de Andalucía había comunicado, a las seis de la tarde, al propietario de La Victoria que no permitiera la entrada de ningún camión, aunque dicha comunicación no fue remitida al Consistorio por parte del ente autonómico.

Tras varias negociaciones de urgencia con las alcaldesas de Cádiz y Jerez, Teófila Martínez (PP) y Pilar Sánchez (PSOE), respectivamente, se acordó el traslado de los residuos hasta la planta jerezana de Las Calandrias, ya que el recinto de la capital gaditana carecía en ese momento de capacidad operativa para hacer frente a la llegada de las más de 120 toneladas generadas el pasado jueves por la localidad chiclanera.

La citada orden de cierre tiene su origen en un acuerdo adoptado en 2002 por la Junta de Andalucía. En aquella fecha, el ente autonómico fija en octubre de 2007 la clausura definitiva de este recinto.

Sin embargo, entre una y otra fecha se sucedieron una serie de acontecimientos. Así, en 1998 el TSJA dicta sentencia contraria a los intereses del Ayuntamiento al declarar ilegal el vertedero. El fallo es consecuencia de una denuncia presentada por particulares. El Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, presenta un recurso de casación, pero sufre un nuevo revés judicial con el fallo dictado por el Tribunal Supremo. A partir de entonces, no cabe más recurso y el fallo es ya firme, por lo que se declara ilegal el vertedero.

En una nueva maniobra del equipo de gobierno, el Ayuntamiento negocia con los recurrentes para que no ejecuten la sentencia. Esta operación, que fue rubricada por el entonces alcalde Jiménez Barrios, conllevaba el pago de 34.000 euros. Esta actuación acaba evitando, al menos hasta octubre de 2007, el cierre del vertedero al no ejecutarse la sentencia judicial. No obstante, el vertedero queda fuera del Plan General aprobado en 2003.

La siguiente actuación municipal se lleva a cabo el 29 de diciembre de 2006, siendo alcalde ya José María Román (PSOE). Para ello, presenta una solicitud de otorgamiento de autorización ambiental integrada, aprovechando un cambio de la normativa vigente.

El proceso discurre con normalidad hasta que la Junta de Andalucía solicita el pasado 3 de agosto de 2007 al gobierno municipal, conformado ya por el cuatripartito, que presente una serie de documentación adicional.

Sin embargo, el actual equipo de gobierno considera que "no merece la pena seguir adelante con los trámites", según reconoció ayer el delegado municipal de Medio Ambiente, José Pedro Butrón, al entender que no existían posibilidades de que prosperara. Román, en cambio, aseguró ayer justo lo contrario.

Una vez se alcanza el 30 de octubre, y ante la falta de respuesta por parte del gobierno municipal, la Junta de Andalucía, entiende que el cuatripartito no está interesado en continuar con los trámites y resuelve "denegar la autorización ambiental integrada para la explotación del vertedero de La Victoria".

Una vez que la Junta confirma el cierre, transcurrido ya el plazo de presentación de alegaciones, el cuatripartito presenta una solicitud de prórroga, con objeto de poder adecuar un lugar para proceder al acopio provisional y para la construcción de una planta de transferencia. Esta solicitud es denegada por la Junta al entender que se ha producido fuera de plazo, aseveración que niega el edil de Medio Ambiente, José Pedro Butrón, quien considera que para solicitar la prórroga en el cierre no hay plazos.

La Junta obliga al Ayuntamiento a ejecutar el cierre, pero esto no se hace efectivo dentro del mes de plazo fijado, por lo que el ente autonómico actúa en consecuencia.

Esta decisión final ha deparado un nuevo enfrentamiento administrativo entre Ayuntamiento y Junta, al tiempo que supondrá un incremento extraordinario en los costos de recogida de basura, ya que los camiones deberán recorrer diariamente 60 kilómetros cada vez que deban vaciar sus cargas, frente a los cuatro que cubren actualmente. Además, la situación ha provocado también la reacción de los transportistas y maquinistas, que se verán obligados a trasladar a Jerez los escombros.

De momento, se ha habilitado un punto de acopio provisional en Pelagatos, donde ayer se estaban depositando contenedores con escombros.